Después de mucho tiempo, al menos un par de meses, el pleno del Parlamento de Canarias comenzó con la lectura por el presidente Gustavo Matos de una declaración institucional, que es un subgénero literario de autor colectivo en el que los diputados se ponen de acuerdo, excepcionalmente, para considerarse unánimemente buenas personas. En esta ocasión comunicaron urbi et orbe que eran demócratas y que rechazaban cualquier violencia política viniera de donde viniera. El Parlamento explicitó su compromiso “con la libertad y el pluralismo político” y subrayó que era intolerable “el discurso del odio” (una pena que no abogasen por aniquilar el odio a los discursos que sus señorías combaten con largos desayunos, paseos por los pasillos y cabezadas en los escaños). Por supuesto sin siglas ni referencias concretas sobre nada ni sobre nadie, aunque el azufre de Vox era perfectamente detectable en el ambiente.
En el torneo de ping pong de las preguntas orales al presidente del Gobierno todos afectaban cansancio. Quizá se trata, simplemente, de aburrimiento. Generalmente se suele acusar a los diputados de ser aviesos actores tras distintas, escurridizas caretas. Es una exageración: los diputados no son Héctor Alterio ni Nuria Espert. Siempre interpretan un mismo papel: el limitado personaje que han construido con lo que buenamente han podido: tres muletillas, un par de gestos, un argumentario, medio eslogan, cuatro lecturas. Salvo excepciones, con eso van escapando. Por ejemplo, una diputada sin duda astutamente inteligente, María Australia Navarro, siempre hace de indignada, de mujer francamente asombrada por las interminables tropelías del Gobierno canario, e invariablemente comienza sus intervenciones con la misma fórmula en un tono displicente: “Mire, señor Torres…” Hasta los diputados del PP cierran ligeramente los ojos, porque saben que va a venir exactamente lo mismo de siempre. Más de un año y medio con esta salmodia entreverada con argumentarios expedidos por Génova.
En realidad quien abrió el turno fue Casimiro Curbelo, que encontró tiempo, mientras busca a un gerente del Hospital Insular de La Gomera que se le cuadre respetuosamente, de preguntar al presidente Torres por el “estado de tramitación” de los 1.124 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos. El presidente respondió en poquísimos días, quizás en pocas horas, tal vez en algunos minutos se firmará el convenio, y que luego habrá que sacar un decreto ley que ya están preparando varios departamentos del Ejecutivo, y que en unas escasas semanas a lo sumo comenzará a llegar el dinero contante y sonante a los empresarios. La ciudadana Vidina Espino criticó la eternización de las ayudas. “Su pachorra está matando el tejido económico de las islas”, acusó a Torres, que le contestó sonriendo que si hubiera empleado esa expresión en la Península no la hubieran comprendido. Espino lo observaba tras la mascarilla sin ninguna curiosidad dialectal. El presidente explicó (y no le falta razón) lo restrictivo que es el marco legal para la concesión de ayudas y subvenciones y puso varios ejemplos de comunidades autónomas con un enorme retraso en pagar con agilidad ayudas en sus territorios. En realidad, aunque no fuera la intención de Torres, en sus palabras había una crítica implícita al Gobierno y a la mayoría que lo sostiene en las Cortes, que no han sido capaces de introducir las modificaciones normativas y reglamentarias para acelerar administrativamente las ayudas imprescindibles – y no otras -- para evitar cierres y paro entre las pymes y los autónomos del país. De esto también va la cogobernanza, aunque Pedro Sánchez y sus cuates no lo entiendan o simulen no entenderlo.
Luis Campos, siempre en su camisa nívea y medio arremangada de contable honrado al que no le cierran bien las chaquetas, le pidió al Gobierno que le explicara qué piensa, si es tan amable, sobre la finalización del estado de alarma que el Gobierno central se empecina en mantener para dentro de apenas doce días. “Somos nacionalistas”, recordó Campos, “queremos y defendemos nuestro autogobierno”. Nacionalistas, pero no tontos, y saben perfectamente, como toda la Cámara, que levantar el estado de alarma creará previsiblemente un caos de imposible contención con los instrumentos legales ordinarios en manos de la comunidad autonómica. Torres se armó un pequeño lío, por más que evidentemente considera que levantar sin más el estado de alarma es un disparate manicomial. “Nos preocupa, nos preocupa…” Al final terminó volviendo a la infancia y a practicar trabalenguas. “Esperemos…humm…esperemos que se permitan medidas extraordinarias dentro de la ley…” Claro que si son extraordinarias será porque exceden de los límites legales habituales. En fin, que el presidente Torres, como les ocurre a todos sus homólogos autonómicos, no tiene repajolera idea de lo que ocurrirá el próximo 9 de mayo.
Manuel Marrero, de Unidas Podemos hizo un canto a la defensa de la democracia “seamos de cualquier partido” y se apoyó al respecto en una cita de Federica Montseny, una demócrata de toda la vida. “Somos todos antifascistas”, subrayó Marrero, imbuido en esta atmósfera delirante que nos dibuja como un país a punto de caer en las manos de la Gestapo o (como escribía el otro día Millás, tal vez a consecuencia de una medicación defectuosa) en las garras de una tipa de ultraderecha que por algo se llama Monasterio, con ese aspecto de monja asaltacunas, jejejeje. Pablo Rodríguez preguntó sobre las ayudas específicas al turismo La respuesta a su pregunta fue más bien confusa. Al parecer los cientos de millones de Canarias se gastarán en todo y para todos los subsectores turísticos “El turismo puede ser sostenible, pueden llegar turistas de otra índole”, soltó Torres, y lamentablemente nadie le preguntó sobre la índole de los nuevos turistas canarios. Nira Fierro acudió el rescate elogiando al Gobierno hasta el paroxismo (Fierro siempre pone un tono grave y expresión de velocidad entre que se levanta y que se sienta) y preguntó al presidente algo que ni el propio Torres debe recordar ya. La novedad llegó con una intervención de Patricia Hernández. La segunda que hace desde que tomó posesión como diputada. En efecto, solo ha preguntado en dos ocasiones, pero cobra todos los meses. La exalcaldesa de Santa Cruz había conseguido un dato de crucial importancia en el ayuntamiento: la capital tinerfeña había recibido el triple de transferencias del Gobierno autonómico en 2020 respecto a 2019. Si se tiene en cuenta que padecemos una pandemia mundial con un efecto brutalmente destructivo en la estructura productiva y comercial del municipio (de todos los municipios) no parece un dato particularmente asombroso. Se rumorea que Hernández está haciendo las paces y reconstruyendo sus relaciones con Torres y su equipo de dirección en el PSOE aprovechando la proximidad del congreso regional, y lo cierto es que ayer mantuvo una reunión (escasamente discreta) con el secretario general del PSOE.
La oposición fue particularmente dura con la situación del sector turístico, las burlas de la ministra Maroto y la mimetización de las mismas en las que ha caído la consejera de Turismo Yaiza Castilla, joven expromesa talentosa del Ejecutivo y exvalor exseguro de la Agrupación Socialista Gomera. Hasta Ricardo Fernández de la Puente, un diputado habitualmente moderado, fue terminante y expresó un hartazgo cargado de censura y un pizco de menosprecio. “A estas alturas, ¿qué es salvar el verano?”. No replicó a Castilla y la dejó, por tanto, sin poder intervenir: a la consejera, que llevaba escrita una réplica digna de Cicerón, casi le da un síncope. También intervino largamente Noemí Santana, inusualmente conciliadora.
La intervención más importante de la jornada, sin embargo, fue la del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, una interpelación sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado ayer por el Consejo de Ministro para su remisión a Bruselas, donde los proyectos de inversión optarán a los fondos NG. En un buen discurso, con precisión y sin alharacas, Rodríguez expresó inteligente y cautelosamente sus dudas. El Plan de Recuperación es un zurcido de planes anteriores. Se precisa en el documento una orientación estratégica en las inversiones, pero apenas se mencionan las reformas. No ha sido ni de lejos consensuado con las comunidades autonómicas. El peso de las inversiones turísticas no llega al 5% del monto total. Y según el calendario comunitario deben gastarse 70.000 millones de euros en tres años: 20212, 2022 y 2023. Es el discurso más realista y más preocupante del Gobierno de Canarias en lo que llevamos de legislatura. Y solo nos cabe esperar.
