El nivel de chapuza e improvisación de los responsables públicos está adquiriendo dimensiones estratosféricas. Y en alguna de sus decisiones se percibe un desconcierto y una falta de sensatez muy preocupante. Ya conocemos de sobra la rocambolesca historia de las mascarillas que pasaron de ser absolutamente innecesarias a convertirse en obligatorias, en una pirueta jurídica sin precedentes. Incluso obligan a utilizarlas en las playas, espacios abiertos y por lo tanto con una enorme ventilación natural. En las playas de Canarias la ventolera no solo se lleva las partículas del virus sino que si te descuidas te quedas sin toalla. Estamos ante una medida imposible de ejecutar que va contra el sentido común.

Hemos visto otra cara de esa misma ineptitud en el tratamiento de la crisis de la migración en las islas. Con decisiones difíciles de explicar desde cualquier punto de vista que no sea el entendimiento de una administración colapsada e incapaz de responder a las exigencias que se demandan de ella. Perdida en colas interminables de servicios públicos, como el de Empleo o la Seguridad Social, donde conseguir una cita se ha llegado a convertir en una tarea imposible.

Desde mayo del año pasado, en algunos medios de comunicación se venía advirtiendo de una evidencia. A los trabajadores que han percibido en las islas prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE —unas 85 mil personas— no se les estaban practicando retenciones. Y al tener dos pagadores —la empresa de la que habían cobrado salarios y luego el SEPE— estos contribuyentes estarían obligados a presentar declaración de la renta. Lo cual que venía a significar que muchos de ellos tendrían que practicar una liquidación para pagarle a la Hacienda pública las retenciones no practicadas en su salario. Una cantidad que puede oscilar entre los 800 y los 1.600 euros, según las cuantías percibidas.

Todo esto se sabía desde mediados del año pasado. Y sin embargo hemos llegado al comienzo de la campaña de la renta y es ahora cuando este “pequeño problema” aflora como una cita envenenada que afectará a un segmento de población que se encuentra en las peores condiciones económicas. Pagar seiscientos o mil euros para algunas personas que apenas sobreviven cada mes no es que sea difícil, va a ser imposible. Ya no hablamos del lío de los que han cobrado de más por errores de procedimiento —y tienen que devolverlo— o de menos, y están reclamándolo. Hablamos del cumplimiento de obligaciones tributarias que eran más que previsibles y que fueron reiteradamente advertidas, entre otros, por el colegio de Asesores Fiscales.

¿Por qué no se ha hecho nada si había tiempo? ¿Y por qué los trabajadores afectados por los ERTE que fueron avisados cerraron los ojos, como si no pasara nada. “Pues porque en situaciones desesperadas lo que te planteas es cobrar el ERTE cuanto antes. Lo primero es lo primero y el año que viene dios dirá”, asegura un experto fiscalista. Tiene razón. Pues el año que viene ya vino. Y dios lo que va a decir es que pasen por caja.

Esta semana hemos conocido esa absurda norma que obliga al uso de las mascarillas en espacios abiertos tales como las playas. Una obligación que va a ser ignorada, previsiblemente, por muchísimas personas y que difícilmente podrá ser impuesta salvo que se ponga un policía por cada toalla. Pero es parte de la cultura de este país ir embrollándolo todo un poco más cada vez, hasta que las cosas dejen de funcionar. El Gobierno de Canarias ha decidido crear una estructura nueva para la gestión de los fondos provenientes de Europa. Será una Comisión de Gobernanza y Planificación encabezada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien supervisará la gestión de los fondos estatales y europeos para la recuperación, cuyos proyectos tendrán una tramitación urgente y preferente. Han decidido dotarse de órganos temporales y métodos extraordinarios. Y saben por qué: porque la Unión Europea obliga a España a tener un altísimo porcentaje de los fondos comprometidos en un breve plazo de tiempo. Y en el Gobierno canario saben perfectísimamente que con la actual administración autonómica no los sacan a tiempo ni de coña. Porque no funciona. Porque hay muchísimos departamentos donde hay gente que no tira un palo al agua. Y por eso, porque nadie es capaz de cambiarlo, hay que inventarse un atajo “extraordinario”. Uno que no existe para los ciudadanos y empresas que se desesperan esperando por los trámites eternos de expedientes que nunca se terminan de resolver.