Es difícil hacer planes en situaciones inestables y escenarios volátiles. Pero la jodienda no tiene enmienda. El Gobierno de estas ínsulas desbaratadas calculó que la economía regional crecería este año en torno al 8% después del batacazo de veinte puntos que nos dimos el año pasado. Pensaban, ilusos, que el turismo volvería rápidamente. Y que los planes de vacunación nos pondrían en la carrera de salida de este abismo de pobreza.
Pero, una vez más, se equivocaron. A estas alturas no existe ningún fundamento real sobre el que apoyar un crecimiento tan ambicioso. El gran sector productivo de las islas, la venta de servicios turísticos, no va a levantar el pico en los próximos meses. Por lo tanto, seguimos en el mismo escenario con el que cerramos el año pasado: más paro, más pobreza y mayor población entrando en el oscuro territorio de la exclusión social.
La medicina que se está aplicando en las islas es la misma que se practica en el resto del territorio nacional: los ERTE, como medida transitoria para impedir que la estadística del paro se dispare. Pero el padecimiento de Canarias no es, ni de lejos, similar al de otras regiones españolas. Porque aquí hemos perdido nuestro principal recurso económico, el que compensaba nuestra balanza fiscal y nos permitía subsistir con más sombras que luces (un ineficiente reparto de la riqueza predistributiva, salarios extremadamente bajos y una elevada externalización de la renta del capital).
El discurso que hasta ahora ha sostenido el Gobierno canario empieza a agrietarse. Se han cansado de anunciar una lluvia de cientos de millones que solo existe en el universo de sus calenturientas esperanzas. Los principales responsables del pacto que gobierna estas islas están percibiendo, con creciente alarma, el crecimiento exponencial de la pobreza. La evidencia es aplastante. Las ONG están desbordadas, los comedores sociales a tope, los bancos de alimentos no dan abasto... Y nos enfrentamos a unos meses en donde todo esto va a empeorar.
Quienes nos gobiernan ya son conscientes, a estas alturas, de que esto no es ya –como siempre fue– una guerra de propaganda entre ellos y la oposición. Ya se pasó ese arroz. La agobiante pobreza cotidiana es mucho más importante que las estrategias y la literatura política. Los anuncios y promesas son el humo de un incendio que está devorando la esperanza de miles de familias que están descubriendo, amargamente, que la miseria estaba ahí al lado; a un paso muy fácil de dar si te dan un empujón. Atravesar los meses que nos esperan va a requerir un enorme esfuerzo y muchísimos millones de euros que, hoy lo sabemos, nadie nos va a dar.
El presidente Torres está entre la espada y la pared. Su lealtad a la jerarquía socialista, más que probada con un estoico silencio achicharrante, está tocando a su fin. Le han dejado a los pies de los caballos con la inmigración y le han fallado estrepitosamente en la financiación de una crisis social que empieza a tener tintes dramáticos. No se puede defender lo indefendible.
Pública VS privada
Cada cierto tiempo acontece que algún portavoz del sueño estatalista acusa a la sanidad privada de estarse comiendo una parte del pastel. En Canarias, el 9,3% del presupuesto de Sanidad se destina a conciertos con el sector privado. O sea, que lo público se llevará este año 2.793 millones y el sector sanitario privado 286. Y eso les parece mucho y se habla de “la privatización” de la Sanidad. Es mentira que la sanidad pública sea privada. No lo es, se preste la atención en un hospital público o en una clínica. Y al ciudadano le da perfectamente igual, con tal de que se le atienda. El año pasado se reforzó con 4.000 nuevas contrataciones a la Sanidad pública en las islas, pero para algunos sigue siendo poco. No todo todo el mundo tiene que ser un empleado con nómina del Estado y el personal sanitario que trabaja en las clínicas también desempeña una función esencial, aunque parece que carece de valor. Países tradicionalmente socialdemócratas, como Suecia, produjeron una revolución asistencial combinando lo mejor de las redes públicas de salud con lo mejor de la asistencia privada y dejando a los ciudadanos la libertad de elegir dónde querían ser atendidos. Una buena manera de terminar con la deficiente atención de algunos centros –colas interminables y esperas eternas– es la competencia entre centros públicos entre sí y con los privados, para que el que mejor atienda y cumpla con los ciudadanos sea el que reciba mayor demanda de servicios. Pero eso, para algunos, no sirve porque “cantaría” mucho el que peor se organice. Lo que vale es seguir teniendo un monopolio asegurado y blindado, para que los usuarios sean lo que siempre han sido: pacientes. En la doble acepción de la palabra. Hay que defender la Sanidad pública, que no es gratuita porque la pagamos con nuestros impuestos. Pero hay que defenderla en función del interés de los usuarios.
