Ya se sabe que el progresismo incluye estados de alarma de seis meses y un Gobierno que actúa a golpe de real decreto. Dada su minoría y su escasa proclividad hacia el acuerdo con el fascismo el Gobierno debe buscar acuerdos, decreto por decreto, como el de ayer, donde supuestamente se despliega un conjunto de medidas y cambios jurídicos, administrativos y organizativos para gestionar óptimamente las perras del Fondo Europeo de Reconstrucción, que para España representarán unos 140.000 millones de euros de aquí al 2027. ¿Cómo consiguió aprobar el decreto esta vez el Ejecutivo? Gracias a la abstención de Vox y el voto favorable de Bildu.

El decreto ley expone las cosas tal y como se temía. Ya se sabe que la mayor parte de los países civilizados han optado por una sociedad u organismo de carácter público y extraordinario para gestionar los 74.000 millones para la inversión y fiscalizar el desarrollo de las reformas estructurales que la UE reclama a cambio. En España no será así. Qué tecnocracia ni que leche ecológica. Quien controlará las perras, modelando ladridos y lágrimas, será Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Nadia Calviño casi a su vera, y por debajo, el director general de Fondos Europeos. Por supuesto, en ausencia de la sociedad pública tecnocrática y anónima, estamos obligados a contratar más funcionarios, y no sólo se trata, como se ha dicho en Canarias, de contratar a un equipo de técnicos solventes sino también a administrativos y auxiliares que sirvan de apoyo. Y estamos ya en febrero sin que se conozca la convocatoria.

En abril Bruselas estudiará los proyectos de inversión que presente el Gobierno español. Lo razonable sería que antes de marzo las autoridades autonómicas remitieran sus propuestas a Madrid, donde la última palabra la tendrá el señor Pedro Sánchez, auxiliado por Calviño, por si no entiende algo. Es un poco grimoso, porque parece muy dudoso que el presidente no aplique criterios de oportunidad política a lo que le manden desde las periferias ricas y pobres del Estado. ¿Y Canarias? Pues respecto a los proyectos de inversión no se sabe absolutamente nada. Los tiene el viceconsejero de Presidencia y supuesto cerebro gris del Ejecutivo, Antonio Olivera, guardados en alguna gaveta. En realidad Olivera encierra un triple misterio: qué es lo que hace exactamente en el Gobierno autónomo, por qué sonríe tanto y cómo consigue su espléndida discreción teniendo la información más amplia de la administración autonómica que acumule ningún mortal. Es el máximo responsable, en la sombra, de la recapitalización de la economía canaria en los próximos dos años y medio como paso previo a su modernización y sería estupendo que alguna vez, mientras Román Rodríguez duerme su siesta de viejo iguanodonte, nos contara cómo va el apocalipsis.