Hace tiempo Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, mostró su “plena seguridad” sobre algo que a muchos majoreros se les antoja harto improbable: que Blas Acosta dimita como presidente del Cabildo de Fuerteventura si se le abre juicio oral por el llamado caso Gesturpa, empresa pública del Ayuntamiento de Pájara del que fue teniente alcalde y concejal. Acosta está imputado en dos causas judiciales distintas y la Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de prisión e inhabilitación por delitos societario, de administración desleal y de insolvencia punible. La situación es deliciosa para cualquier folletinista, porque Acosta acaba de perder dos de sus apoyos en la corporación, dirigentes de las muy progresistas Asambleas Municipales de Fuerteventura, supuesto primer paso para una moción de censura que parece haberse olvidado de sí misma.

El objetivo prioritario al principio del verano de 2019, por supuesto, era echar del poder insular a Coalición Canaria, que había ganado las elecciones en Fuerteventura por algunos cientos de papeletas. Es que, saben, CC llevaba mucho tiempo en el poder. Casimiro Curbelo cumplirá muy pronto treinta años como presidente del Cabildo de La Gomera al frente de sucesivas mayorías absolutas, pero para las izquierdas, que han estudiado a Einstein, el tiempo es relativo. No son lo mismo treinta años en el Cabildo de Fuerteventura que en el Cabildo de La Gomera. De la misma manera, si Fernando Clavijo estaba imputado, lo que debería haber hecho era dimitir y, por supuesto, resultaba absurdo llegar a acuerdos con CC, pero la cosa era muy distinta respecto al compañero Acosta. Por eso, que estuviera doblemente imputado en los tribunales no impidió en ningún momento que Podemos se uniese a la moción de censura contra Lola García, maestra de escuela que no tiene ni una multa de tráfico en su debe y que les llegó a ofrecer incorporarse al esquipo de gobierno. Un detalle más: ni Podemos, ni Nueva Canarias, ni el PSOE podrían censurar ahora a Acosta si se atrinchera en la presidencia cabildicia, porque los mismos consejeros no pueden votar una segunda moción de censura en un mismo mandato.

La apertura de juicio oral es inminente. ¿Qué hará el PSOE si Acosta no dimite instantáneamente? Si resulta condenado, ¿se le abrirá expediente de expulsión o se le suspenderá cautelarmente de militancia? En Fuerteventura el PSOE es minoría dentro del acostismo. Y el acostismo supone apenas un código del más feroz y mangoneador oportunismo político. El presidente controla la mayoría de las agrupaciones locales de la organización. Y no conviene olvidar que el PSOE canario deberá celebrar su congreso regional entre octubre y diciembre próximos. Es un congreso en el que los socialistas canarios podrán votar por primera vez en muchos años como secretario general a quien es presidente del Gobierno autonómico. Pero tener a la organización de Fuerteventura revirada con un líder en la picota y luchando por su supervivencia política y a la organización de Tenerife desgarrada por la insatisfacción puede llegar a hacer un verdadero problema para Ángel Víctor Torres.