A pesar de leer las noticias de algunos periódicos y del servicio de comunicación de La Moncloa aún no sé si el presidente Sánchez hizo una rendición de cuentas o un balance político de su actividad gubernamental a lo largo del año 2020. Honradamente tengo que decir que en esta ocasión me gustó mucho la crónica de El País al respecto aparecida el miércoles 30 de diciembre, un día antes de acabar el año. Unas veces hablaba de balance atípico y en otras de rendición de cuentas, tras un año de actividad política al frente del gobierno donde la pandemia del coronavirus nos trajo por el camino de la amargura.

Me gustó la referencia del periodista cuando señala que la mejor transparencia a la hora de rendir cuentas tiene que darse en las relaciones Ejecutivo y Legislativo, léase Congreso de los Diputados, donde el pueblo está representado. Busqué la base jurídica y acudí a un experto en la materia, por lo que volé virtualmente hasta México para encontrar a un catedrático investigador, Andreas Schedler, autor del libro ¿Qué es la rendición de cuentas? Él mismo se contestó: Un derecho al diálogo pero en el Parlamento.

Eso fue lo que faltó en el caso de la rueda de prensa de Sánchez, ya que la comparecencia del presidente español fue unilateral, en la que se autoprobó y no hubo parlamento entre gobierno y oposición. Una auténtica rendición de cuentas tiene que ser con todos incluidos, y me refiero a los representantes del pueblo español. Quizás sea bueno pensar en incluir este tipo de actividad en la reforma de la Constitución de 1978. En una rendición de cuentas con todos sus contenidos donde se entienda como una auténtica obligación del ejecutivo español, que debe estar conformada por una serie de dispositivos, mecanismos y metodología donde los servidores públicos informen y expliquen los resultados de su gestión a los ciudadanos a partir del diálogo. No por temáticas como hizo Sánchez en esta primera “exhibición” política sino en los contenidos de la Constitución, como la garantía de la convivencia democrática, la consolidación del Estado de Derecho, la protección a los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, la promoción del progreso de la cultura y la economía en busca de una calidad de vida, el establecimiento de una sociedad democrática avanzada y la colaboración en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Incluyendo el saharaui, me permito añadir.