Ángel Víctor Torres lleva desde el lunes rompiéndose los cuernos en interminables reuniones con las altas jerarquías del Gobierno Sánchez, para intentar coordinar una reacción conjunta con Madrid a las peticiones del sector turístico. La coincidencia en la publicación de las medidas de su Gobierno –partidario de usar test de antígenos en el control de llegada de turistas a las islas– y las del Gobierno de España –que los desautoriza– ya fue un inesperado mazazo para Torres.
Es cierto que antes de aprobarse el decreto, Torres recibió varias llamadas de mandados pidiéndole que no avalara el uso de antígenos. Torres siguió adelante a pesar de todo, decidido a cumplir la palabra dada a Curbelo, consejero vicario de Turismo, y a los empresarios canarios del sector. Desde el inicio del falso debate sobre el uso de test de proteínas –que enfrenta a la presidenta de Madrid con Sanidad–, se habían pronunciado a favor de su uso en aeropuertos casi todos los gobiernos europeos, aerolíneas, empresarios hoteleros e incluso farmacéuticos. Pero pocas horas después de anunciarse el acuerdo del Gobierno regional, una orden nacional decretaba que los test de antígenos no iban a ser permitidos. ¿Punto final? No.
Torres intentó evitar por todos los medios la humillación: viajó a Madrid el lunes, se reunió con el ministro Ábalos, habló con la vicepresidenta Carmen Calvo, exigió una reunión con Pedro Sánchez que no estaba incluida en agenda… y finalmente acabó almorzando ayer con él, cuando ya el Consejo de Estado había publicado su informe no vinculante –pero muy contundente– censurando el decreto canario por invadir competencias nacionales. Fue muy duro.
Al final, a pesar del esfuerzo, Torres volvió de Madrid sin un acuerdo, pero con premio de consolación: Carmen Calvo resolverá políticamente lo que debiera ser una decisión sanitaria. Los estudiantes canarios de regreso a las islas no se harán el preceptivo PCR 72 horas antes de su viaje, por graciosa amnistía del Gobierno Sánchez. Habrá que agradecerlo, pero a mí que me expliquen por qué ellos no y sí debe hacerlo cualquier vecino de esos mismos estudiantes que tenga que viajar de la Península a Canarias por cualquier motivo. Muy científico no parece el criterio. Y no lo parece, porque no lo es. Se trata de una compensación, algo que ofrecer a Torres en su día más aciago, un día con siete muertos más, en el que el Gobierno de España ha puesto una decisión política –su oposición a autorizar los antígenos que prohibió en Madrid– por encima de lo que piensa la mayoría que debe hacerse. La política decide qué es correcto y qué no, quién puede obviar hacerse un test, o cuál es el que resulta más adecuado, o por qué el de antígenos no sirve excepto si te trincan sin haberte hecho el otro (que entonces sí sirve como solución de emergencia para evitar que tengas que regresar por donde llegaste). Mientras, las reuniones del fantasmal comité de amiguetes y expertos sanitarios de Sánchez se hacen sin levantar acta ni dejar constancia de lo que se habla en ellas o de las decisiones que se adoptan. Y el Ministerio aprobaba ayer para Madrid (¡¡¡por fin!!!) que las farmacias usen test de antígenos para cribados poblacionales. ¿Pero no es precisamente eso lo que le niegan a Canarias para no llevarse la contraria a sí mismos? En fin, vaya coordinación.
Y otra de propina: Torres no se reunió con su exconsejera Darias, ahora ministra de Política Territorial y Función Pública. Una mujer hábil, ni siquiera pidió ella el dictamen al Consejo de Estado, como suele ser normal. Lo pidió directamente Moncloa, para que Darias se quite de en medio y pueda ponerse de perfil en el lío de los antígenos. No conviene dañar su imagen en Canarias.
