Todos los organismos económicos internacionales están señalando que la economía de España se hunde irremisiblemente a niveles mucho peores que los del resto de la zona euro. Les falta añadir que, además de la riqueza, nuestro país está perdiendo la cordura. En medio de esta profunda crisis, la estructura misma del Estado se está deshaciendo como un azucarillo porque existen fuerzas políticas que quieren hacer mudanza en tiempos de tribulación.

El ataque a la Monarquía, a la configuración territorial del Estado o a las grandes leyes que otorgan estabilidad institucional, no es un intento de reforma sino de transformación radical del régimen constitucional que deviene del 78. Uno que se hace por la puerta de atrás, por la vía de los hechos consumados, aprovechando la debilidad política del país. Otra vez, como en los años agónicos de la Segunda República, la sociedad está dividida en dos grandes bloques con la amenaza constante de territorios que acechan para lograr el camino hacia la independencia.

Otros países, ante la crisis, están estimulando la economía productiva a través del esfuerzo inversor. En el nuestro, solo engordamos al sector público. La medicina para curarnos de nuestros males consiste en aumentar la nómina de quienes trabajan para el Estado con el argumento de que la salida a esta crisis no la pueden pagar los más débiles y es menester aumentar los servicios públicos esenciales, como por ejemplo la televisión canaria sin la cual, como todo el mundo sabe, no se podría vivir.

El año pasado, el empleo público en las islas aumentó en cinco mil personas. Y este año vamos por más de siete mil. Y para algunos portavoces gubernamentales, eso indica que vamos por el buen camino, porque se reducen las listas de espera sanitarias. Antes de entrar en este pandemonium, el modelo de las islas no era sostenible. Porque no se puede sostener lo que no se puede pagar. No somos una excepción, porque en España los gastos públicos superan todos los años los ingresos fiscales.

Aprovechar el dopaje de los fondos de ayuda comunitarios para incrementar el peso de la mochila oficial no solo es un disparate, es eutanasia. Porque cuando se gaste la gasolina ajena estaremos en una situación mucho peor. La deuda pública se ha disparado por encima del billón de euros. Y cada año seguimos recurriendo al dinero ajeno para mantener el nivel de vida.

Canarias no ha terminado de entender que hemos perdido nuestro único sector productivo. Los dirigentes regionales se aferran a la esperanza de que el turismo volverá, aunque no sepan exactamente cuándo. Y su única propuesta, entre tanto, consiste en aumentar gastos públicos. Como si el camino para salir de esta sima es que todos acabemos cobrando de las administraciones. Y mientras tanto, las empresas cierran, el empleo se destruye y el tejido productivo de las islas se gangrena irremediablemente.