No se pueden hacer test en los aeropuertos para detectar a posibles contagiados por el coronavirus entre los que visiten Canarias porque Aena no está dispuesta a ceder un centímetro cuadrado de sus instalaciones para que las pruebas sean posibles. Pero sí se puede presentar una proposición de ley en el Congreso (así lo hicieron ayer PSOE y Podemos) para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y conseguir que baste con la mayoría absoluta (y no una mayoría reforzada de 3/5 partes de los diputados) para cubrir las vacantes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Hablando claramente y con el puto laconismo que la situación demanda: cuando se apruebe la reforma, antes de final de año, será el presidente del Gobierno (y, a través del trapicheo habitual, sus compis de la investidura) quien elija a la cúpula judicial del Estado. Por sus gónadas morenas. Para desmemoriados: los 20 jueces del CGPJ designan a todos los jueces del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia autonómicos y a los presidentes de las audiencias provinciales.

La mayoría cualificada de los 3/5 la estableció la Constitución para obligar a los grandes partidos al consenso. En 1985, Felipe González, con mayoría absoluta de más de 200 diputados, reformó la ley para que todos los "jueces y magistrados" fueran elegidos por las Cortes y no solo los 12 establecidos. Ahora, bajo el argumento de que el Partido Popular bloquea la renovación del CGPJ, que debería haberse producido hace casi dos años -un argumento que no es una falsedad-, PSOE y Unidas Podemos quieren destruir cualquier exigencia de consenso y fortalecer el control del poder judicial desde el Ejecutivo. Al parecer, estos genios desaforados no han pensado medio minuto en lo que hará un Gobierno del PP apoyado en la ultraderecha cuando tenga la ocasión, y más tarde o más temprano la tendrá. Sí, exactamente lo que van a hacer ellos en un par de meses.

Podría reivindicarse esta ignominiosa chapuza insistiendo en el bloqueo de la derecha, pero existen otras salidas. Por ejemplo, la propuesta por la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial: el Congreso exhorta a Carlos Lemes y sus compañeros a dimitir y se reforma la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a doce de los veinte vocales, como ocurría antes de la reforma felipista. Los cálculos e intereses de las fuerzas partidistas en liza quedarían pulverizadas y sería mucho más sencillo un acuerdo sobre las ocho plazas restantes. Mientras, el CGPJ no podrá dictar ninguna resolución que afecte a nombramientos en los grandes órganos judiciales. Hace pocos días Pablo Iglesias advirtió al PP de que nunca volvería al Consejo de Ministros, como si dependiera del secretario general de Podemos. Los conservadores han conseguido influir o condicionar nombramientos en la administración de justicia a través de la muy inquietante figura de Lemes. Es imposible no detectar en la maniobra legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez la voluntad de voltear la tortilla. El proceso de hedionda degradación política e institucional de España avanza con paso firme hacia una democracia de gotelé con los poderes tan separados e independientes como los tentáculos de un pulpo.