20 de septiembre de 2020
20.09.2020
Editorial

Contra el aislamiento y el abandono

19.09.2020 | 23:06
Contra el aislamiento y el abandono

La historia de Canarias está jalonada desde tiempo atrás de requerimientos al Estado para obtener mayores facultades de autogobierno, pero también de movimientos colectivos que pusieron todo su empeño en reclamar mejoras en el bienestar social de sus habitantes.
El Archipiélago tiene desde la Conquista de Castilla un acervo conformado por la necesidad de compensar su carácter insular, extensamente documentado y que es también parte intrínseca de los derroteros de España para consolidar su apuesta atlántica y su propia unidad territorial.
La pandemia nos vuelve a situar una vez más en una encrucijada similar a la de épocas pretéritas, dado que el derrumbe de la estabilidad de las Islas solo puede ser contrarrestado a través de una generación de sinergias capaces de alcanzar la fuerza plesbicitaria: representantes políticos en el Parlamento de Canarias, en el Congreso de los Diputados, Senado, Eurocámara, cabildos y ayuntamientos; patronales empresariales; colectivos sociales; entidades culturales; universidades... Todos, sin excepción, deben volcarse en convencer a Madrid de las singulares circunstancias que afectan a la supervivencia del tejido productivo de las Islas, dependiente del turismo, pero también sobre la pervivencia del Estado del bienestar de sus ciudadanos, así como la lenta recuperación que se atisba tras el embate de la Covid-19.
Asociaciones empresariales alertaban esta semana de las debilidades isleñas para afrontar la crisis y, como consecuencia de ello, la urgencia de que "pongamos encima de la mesa nuestros fueros, que exijamos el cumplimiento del mandato constitucional y de los tratados europeos, para recibir el trato diferenciado que nos corresponde". Nunca el Archipiélago ha tenido un aparato normativo tan avanzado dedicado a amparar su hecho insular y su ultraperificidad, reflejado en la misma Constitución española, en el Régimen Económico y Fiscal (REF) reformado, en el nuevo Estatuto de Autonomía y en los tratados europeos.
Sin embargo, la comprensión del hecho insular sigue siendo un obstáculo, incluso hasta cuando los gobiernos de Canarias y de Madrid son del mismo color político, una equivalencia, que lejos de favorecer, parece no llegar al estatus obtenido por interlocutores nacionalistas, como los vascos del PNV, y ahora de Bildu, o los independentistas catalanes de ERC.
El Gobierno de Pedro Sánchez, desde su más acendrado tacticismo, contribuye a alimentar entre los canarios una sensación de abandono, que, en versión siglo XXI, nos retrotrae a etapas donde la visita de un ministro a las Islas constituía motivo de celebración, dado lo esporádicas que resultaban. Los efectos devastadores de la pandemia en el sector turístico, en los datos del empleo y en la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas convierte en gratuita la acusación, tan aplicada a los canarios, de utilizar el victimismo para la obtención de sus fines. Nada más lejos de la realidad.
Frente a retóricas marcadamente a la defensiva, se impone que el Estado actúe desde la sensibilidad que se le supone con un territorio que ha visto como su medio de vida más importante está en 'cero turístico', afectado por la drástica suspensión de los intercambios comerciales, económicos y turísticos debido a las restricciones sanitarias. Una caída en picado donde el Archipiélago ha vuelto a vivir, al igual que con el aumento de los migrantes, su orfandad por la falta de redes de apoyo e influencia diplomáticas y políticas.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, puso cifras la semana pasada a la recuperación del Archipiélago a través de la presentación del Plan Reactiva Canarias, con una inversión de 5.725 millones. Consciente de las dificultades para que las Islas tengan un justo reconocimiento en las iniciativas de renacimiento económico, pidió la unidad de todas las fuerzas políticas para un futuro que pasa, inexcusablemente, por la aprobación de los Presupuestos Generales, cuya dilatación en el tiempo causa grandes perjuicios al Archipiélago, y por la mayor inyección de capital europeo de la historia con el objetivo de primar los proyectos conectados con la transformación digital y el cumplimiento de la sostenibilidad.
Ni que decir tiene que de la consecución o no de la proyección del jefe del Ejecutivo regional depende el futuro de Canarias, tanto en su vuelta a la normalidad inmediata tras el esperado fin de la pandemia, como del establecimiento de un modelo de desarrollo venidero acorde con las directrices comunitarias. Pero la responsabilidad más alta está en asegurar la unidad, el carácter unitario, de una identidad propia, singular, canaria, y que sin ser exclusiva, vinculada al Estado, sea a la vez exigente y firme, para evitar que la desigualdad arraigue en las Islas, provocando un retraso dramático en el acceso y la modernización educativa, la calidad de la sanidad pública, la competitividad universitaria, un mercado de trabajo equilibrado, el freno a la pobreza social... Son razones más que sólidas para desterrar los partidismos y protagonismos espurios, aptos para el narcisismo de la política espectáculo, pero en ningún caso para andar lo desandado con la pandemia.
La oportunidad para que el mensaje llegue con la nitidez necesaria a las instituciones correspondientes pasa, irrevocablemente, por la implicación colectiva, dejando a un lado la idea, desterrándola, de que no hay mayor satisfacción que colegir el fracaso del enemigo. Aquí no cabe la dialéctica de la venganza. Los canarios aspiran a la mejor vida posible, y para ello debe ser denodada la lucha contra el aislamiento, como lo ha sido a lo largo de la historia.

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