El Ministerio de Sanidad logró ayer el apoyo de todas las regiones del país (incluso de las que nunca están de acuerdo con lo que venga de Madrid) para aplicar once medidas de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, además de tres recomendaciones y una suerte de recordatorio. Las medidas afectan al ocio nocturno, los eventos multitudinarios, la hostelería, los centros sociosanitarios y residencias de ancianos, a cribados específicos, al botellón juvenil y al consumo de tabaco en las calles. El ministerio ha activado un mecanismo aprobado por el Gobierno y las regiones a mediados del mes pasado, en un denominado 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19'. No es que la respuesta haya sido muy temprana, pero con la que está cayendo (y por caer), la verdad es que mejor esto que nada. En el caso de que las medidas -que ha decretado el ministerio por primera vez en la historia reciente del país y no a quienes correspondería hacerlo, que son las autonomías-, no consiguieran contener los contagios, lo siguiente sería volver al estado de alarma, otorgando de nuevo poderes extraordinarios al Gobierno de la nación. El cumplimiento de las medidas acordadas no es opcional: las autonomías y ayuntamientos deberán aplicarlas y velar por su cumplimiento.
Las más polémicas, por cuanto suponen la ruina del ocio nocturno, son el cierre inmediato de discotecas, salas de baile y bares de copas en los que haya conciertos o actuaciones en vivo. Se prohíbe la celebración de botellones, y se restringen horarios en hostelería y restauración, además de extremar la seguridad y el control de higiene y distancias. También se prohíbe fumar en la calle cuando no se pueda garantizar la separación con otros viandantes, y se obliga a los ayuntamientos a evaluar cualquier evento antes de autorizarlo. También se extrema el control en centros sociosanitarios y residencias de mayores, y se refuerza el control con PCR a personas en situación de riesgo. También se recomienda limitar los eventos sociales a grupos familiares, y a un máximo de diez personas, y se recuerda a todas las administraciones que deben proveerse de los medios necesarios para la detección, vigilancia y seguimiento de casos y para mantener operativo ante lo que venga el sistema sanitario.
No se trata de decisiones excesivas: lo que ha ocurrido en España es que ya hemos sobrepasado el nivel de contagios diarios de la mayor parte de los días previos al confinamiento. En las islas, durante toda la pandemia, sólo hubo cuatro días en los que se superaron el número de contagios declarados el pasado miércoles. Es cierto que ahora se hacen más pruebas, que muchos diagnósticos son de personas asintomáticas, y que aún no han empezado a producirse muertes al ritmo de hace unos meses. Pero lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con recuperar la normalidad, por mucho que se la bautice como nueva. Lo que está sucediendo no es de ninguna manera normal, y eso que aún no estamos ante la segunda ola de la enfermedad, que llegará probablemente más adelante, en el otoño. Si no conseguimos controlar esta situación ahora, será imposible reiniciar el curso escolar, y la actividad económica se derrumbaría más allá de lo que ya hemos visto. Se mire como se mire, la situación es muy grave: globalmente considerada, la más grave de la que enfrenta hoy ninguno de nuestros vecinos europeos. Algo estamos haciendo peor que ellos. Si queremos evitar que vuelvan a producirse decenas de miles de muertos, hay que parar esta escalada. Y empezar a hacerlo ya.
