La verdad es que dudo que esa propuesta de Patricia Hernández de bautizar con el nombre de la fiscal María Farnés Martínez una calle o una plaza de Santa Cruz de Tenerife (que la alcaldesa ha anunciado llevará a un próximo pleno) le haya hecho mucho bien a la susodicha. El problema de los jueces y fiscales es que se les debe suponer una cierta independencia del poder, y estos excesos de afecto y reconocimiento político no quedan demasiado bien, no cuentan como mérito en el currículo sino más bien todo lo contrario.
Ocurre que hace un par de días saltó a los medios que la fiscal se ha quedado fuera en una investigación iniciada hace ya bastantes meses sobre lo que podría acabar siendo un nuevo caso Arona, una historieta persa que ha partido el PSOE aronero en dos mitades, y que acabó siendo denunciada en Anticorrupción de Madrid por el concejal Luis García, responsable de Urbanismo hasta ayer, que fue cesado por el alcalde. A don Luis ya le habían deducido testimonio, y están citados otros dos concejales para los próximos días, en una causa que lleva el fiscal Miguel Serrano, destinado algunos años en Santa Cruz de Tenerife, que fue designado directamente por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La decisión de Luzón de poner a Serrano al frente de la investigación no es frecuente: lo normal habría sido ocupar en esa causa a la Farnés, y además el no hacerlo no puede explicarse por el exceso de trabajo de la fiscal delegada en Tenerife de Anticorrupión. María Farnés no está precisamente sobrecargada por el curro, en los últimos tres años sólo ha incorporado dos casos nuevos a su oficina: el caso Grúas, ya archivado por el Supremo en contra de su criterio, y el caso Reparos, ambos denunciados por Santiago Pérez, y ambos con el ex presidente Fernando Clavijo como trofeo de caza mayor.
Alejandro Luzón, vinculado a Anticorrupción desde su creación en 1995, fue designado fiscal jefe de la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en julio de 2017, durante el mandato de Rajoy. En el informe no vinculante del Consejo Fiscal, votaron contra su designación sólo los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales. No es, por tanto, un fiscal de la cuerda del PSOE, y es probable que haya preferido dejar a la señora Farnés -que no digo yo que lo sea, de esa cuerda- fuera de una investigación sobre Arona, donde todo apunta que el PSOE va a quedar pringado. O el PSOE del alcalde José Julián Mena, o el PSOE de los contrarios a Mena. Los dos PSOEs de Arona han convertido la ciudad sureña en una suerte de Verona atlántica, divida entre Capuletos y Montescos y con el abogado Felipe Campos ejerciendo de Fray Lorenzo el de la pócima venenosa.
Así está la plaza de Arona. Una plaza en la que no va a torear, según parece, María Farnés. Le queda la plaza esa que quiere ponerle en Cabo Llanos, en reconocimiento de sus méritos, la alcaldesa Patricia Hernández. Y le queda también la plaza que ella de verdad quiere, la plaza a la que aspira, en reconocimiento a su larga trayectoria de servicios prestados, que es la plaza de Fiscal Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La plaza que ahora ocupa Carmen Almendral, y está pendiente de renovación.
