Nadie discute que el Estado -y los órganos supraestatales de la Unión Europea- deba jugar un papel estratégico en la terrible crisis de demanda que amenaza con devastar las economías de todo el mundo. De lo que caben mayores dudas es sobre si puede llegar a todas partes. Esta semana el presidente Pedro Sánchez soltó una ocurrencia intranquilizadora: "Afortunadamente los ERTE han venido para quedarse". No hay maldita fortuna en que los ERTE se queden en ningún lado. Todavía recuerdo los improperios de la izquierda sobre esta figura, creada en la reforma laboral de 2012, la misma reforma que el PSOE y UP se han juramentado destruir, por cierto, pero que se olvidan hacerlo cada mañana. Los ERTE son una solución de emergencia en una coyuntura crítica, no un instrumento de política económica, y nos cuestan 5.500 millones de euros al mes.

Las desgraciadas palabras de Sánchez fueron pronunciadas, precisamente, en la presentación del Plan de Impulso al Sector Turístico, que ha provocado en los empresarios el entusiasmo capaz de suscitar un ataque de meningitis. Los 4.300 millones son una aportación pichirre para uno de los motores del desarrollo económico español: 176.000 millones de euros anuales, cerca del 15% del PIB, tres veces más que la automoción. En Canarias el 35% del PIB, 16.100 millones de euros y unos 345.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es decir, que el Plan de Impulso del Gobierno central solo pone sobre la mesa el equivalente al 25% de los ingresos turísticos de Canarias. La mayoría de esos 4.300 millones son avales crediticios del ICO, una partida para impulsar la competitividad y unos 730 millones para financiar moratorias hipotecarias de hoteles y leasing de autobuses de transporte discrecional. Por cierto, el consenso con empresarios y sindicatos del sector turístico fue prácticamente inexistente: estas son del señor Sánchez las lentejas: si quieres las tomas y si no las dejas. Lo que más alarmó a todos los presentes es que el presidente y sus ministros se escabulleron con las mejores maniobras escapistas -una de las fuentes doctrinales del sanchismo es Harru Houdini- a la hora de comprometerse con la ampliación de los ERE. Eso se negocia aparte y las negociaciones no van demasiado bien. El Gobierno quiere llegar a finales de septiembre y, además, aumentando a partir de julio las cuotas fiscales de las empresas turísticas. Las patronales exigen (de rodillas) que los ERTE se prolonguen hasta finales de año. Incluso los empresarios de agencias de viajes quieren llevar los expedientes de regulación de fuerza mayor hasta la primavera de 2021.

Todo es ligeramente disparatado. Porque los avales del ICO están muy bien -o no tanto- y las perras que se gasten en promoción deben ser bienvenidas -más o menos- pero lo importante es activar la industria turística, y lo que se echa en falta -más bien dramáticamente- son iniciativas que franceses y alemanes han introducido en sus planes de emergencia: subvenciones directas, programas de turismo social, inversión en infraestructuras, asunción de ciertos costes de naturaleza sanitaria. Todo el mundo dirige la vista a la propuesta de fondo de reconstrucción de la Comisión Europea, esos 750.000 millones de euros de sabor mesiánico, pero ni quiera se ha comenzado a negociar seriamente: la primera reunión efectiva tardará aún dos o tres semanas. Esto es una carrera endiablada que solo puede llevarnos a un sufrimiento soportable seguido de una larga y compleja convalecencia de un par de años convalecencia o a la catástrofe para un par de generaciones.