La Comisión Europea ha propuesto un plan de ayudas para afrontar los efectos económicos y sociales de los Estados que componen la Unión Europea, que podría superar los 1,5 billones de euros en una miscelánea entre ayudas a fondo perdido y préstamos, mientras que, por el otro lado, como es normal y lógico, condiciones para ajustes fiscales, reformas nuevas o sostenidas y ajustes. Muchos ajustes.

Curiosamente ahí no queda la cosa. La Comisión Europea repartirá esos fondos a cambio de que también se apruebe una serie de nuevos impuestos en todos los países, que repercutirán directamente o indirectamente en empresas y consumidores, que ascienden a 44.000 millones de euros anuales.

Estos impuestos irán a parar directamente a las arcas de Europa para cobrarse las ayudas prestadas y no podrán financiar los presupuestos de los Países.

Uno de los más sensibles con el Archipiélago sería el impuesto al comercio de emisiones de carbono, calificado como un ataque directo a su condición RUP, por el encarecimiento inmediato de los transportes aéreos y marítimos, imposibles de soslayar debida a nuestra lejanía e insularidad.

A esto habría que unir la tasa de carbono en frontera para poder competir los productos europeos con los de los países con estándares más bajos que los nuestros.

La tasa digital y un impuesto nuevo a las grandes corporaciones que hayan recibido ayudas directas o indirectas de Europa o los propios países que lo integran, así como un globo sonda de la Comisión Europea para incluir un gravamen al plástico, para coronar la nueva fiscalidad Covid.

Con las mismas rentas familiares que antes de la crisis y estando a la cola de la media europea, supondrá un mayor esfuerzo para familias y empresas, y esas rentas no dan para mucho más.

Tratando de ver lo positivo a corto plazo, como España aporta el 9% de PIB Europeo deberá recibir, al menos el porcentaje equivalente de ayudas y préstamos que deberían ascender a 135.000 millones de euros, de los cuales, Canarias, debería recibir 6.075 millones de euros por su contribución al Estado en un 4,5% del PIB.

Y todo ello, a la espera de ver como se desgranan, aumentando en dicha cantidad los presupuestos previos aprobados en el Estado, Autonomía, Isla o Municipio, porque están cantidades son para sumar, no para financiar lo ya presupuestado.