No existe ninguna democracia preparada para esto -epidemia terrible, estrés en el sistema sanitario y de cuidados, confinamiento casi total, crisis económica generalizada-. La buena noticia es que tampoco ninguna dictadura está preparada. Otra cosa es que haya dictadores o gobernantes elegidos democráticamente, a los que les de lo mismo el precio humano de la catástrofe o que incluso se relaman de gusto ante su magnitud si puede acercarle al poder -de estos en la Carrera de San Jerónimo abundan-. Pero no hay gobierno -en sentido amplio- de una sociedad compleja que pueda planificar y reaccionar adecuadamente ante esto en comparación con los estándares aceptados de supervivencia, estabilidad, bienestar mínimo y previsible reproducción del sistema institucional. Aunque no empleemos el término, vivimos esto como un regreso al "estado de naturaleza", aquel que exigió la fundación de sociedades civiles basadas en el pacto entre personas para superar el miedo, la agresividad o la violencia (que nuestros parafascistas sean roussonianos sin saberlo y quieran un estado de naturaleza para que haya más muertos en libertad, es una curiosidad con la que los artistas harán películas o novelas. Por su obscenidad, no lo comentaré aquí: la derecha española está saturando la historia universal de la infamia).
En alguna otra ocasión me he referido a problemas institucionales arrastrados que ahora generan o favorecen una inflación de conflictos y permiten que la acumulación de errores sea mayor de lo evitable. Nos hemos acostumbrado a hablar de la "gobernanza" cuando, casi siempre, queremos aludir, simple y llanamente, al funcionamiento de las instituciones constitucionales. Todo el mundo habla de eso. Nadie se atreve a decir qué cambiaría. Y una reforma de gobernanza o de funcionamiento institucional que dure una semana o dos no es algo serio: esta crisis está convirtiendo a dignos políticos en tahúres. Por supuesto hablar ahora de reforma de la Constitución sería considerado una irresponsabilidad. Si así hubieran pensado los liberales -que no los serviles- de 1812, con la patria saqueada por el francés, Goya cambiando de bando a ratos y pintando las obscenidades de la guerra y Cádiz bombardeado y rondado por la fiebre amarilla, hoy no presumiríamos de Constitución. Aquellos luchadores fueron unos irresponsables y debieron haberse conformado con apoyar el absolutismo. Estoy seguro de que a Casado se lo explicaron en la carrera y que Álvarez de Toledo lo sabe innatamente.
Y, sin embargo, eso es lo que está pasando estos días: la Constitución y el sistema político están mutando, porque se están adoptando decisiones, formas de actuación, interpretaciones de legitimidad, etc. que afectan a los tres poderes del Estado y a las relaciones autonómicas, que tendrán que seguir aplicándose después de la crisis. Y a ello habrá que añadir las reformas derivadas de acuerdos en la UE. El pacto civil de convivencia, el que, intuimos, nos debe rescatar institucionalmente del estado de naturaleza, se está haciendo a trompicones, con la fuerte guía de la improvisación, elevadas dosis de dignidad herida -aquí quien no se siente herido no es nadie- y del oportunismo que desdeña el trabajo propio de la estrategia. Una cosa es reconocer que la incertidumbre es el nuevo combustible de la complejidad y otra negar esa complejidad a base de afirmar certidumbres superadas.
La mutación constitucional -siempre muy peligrosa- se está basando en una doble y paradójica dinámica: cotiza al alza el pacto y la imposición. En ello se produce, además, una confusión comprensible pero amenazadora: la que existe entre las fuerzas políticas y las instituciones -y aun los grupos de presión con mando en plaza-. Así, vemos continuamente a partidos apropiarse de banderas y discursos en nombre de totalidades fluctuantes y a instituciones despedazadas porque la función cohesiva que la Constitución atribuye a los partidos es fusilada en cada amanecer. Los derechos fundamentales también están siendo limitados, pero hay quien se esfuerza por no distinguir entre aquellas limitaciones legítimas establecidas por un instrumento constitucional, de otras menos explicadas o necesarias. La justicia ordinaria y constitucional, como suelen en cuanto llegan a la orilla de la política, dudan entre masacrar al náufrago o, simplemente, detener su función de salvavidas. La renacida "cogobernanza" entre Estado y CC.AA. tendrá que permanecer: una vez sacados de sus despachos los Presidentes no querrán volver a ellos sin más, y el Presidente del Gobierno tendrá que aceptar que no acude a informar sino a codecidir en algunas materias que configuran la trama misma de la vida y la dinámica constitucional.
Todo ello exige una cultura política que no tenemos. Reconozcámoslo. Unos hacen derroche de su ignorancia y asustan con su violencia apenas reprimida, otros hacen la molienda de su grano taciturnos, confundiendo datos con argumentos y luz con taquígrafos. Otro día hablaremos de los déficits de nuestra cultura política, que sólo en parte tienen que ver con el franquismo. Sea como fuera, habrá que concebirla para las nuevas circunstancias. Necesitamos una nueva manera de interpretar la lealtad constitucional que tiene que correr pareja de una restauración innovadora de la responsabilidad política. Por ahí es por donde debería empezar el pacto. Y puede ser transversal. Porque en otras cosas -eso que, usted me perdone, llamaré lucha de clases- no será sencillo. Un ejemplo desagradable: no conozco en la UE un ejemplo, en el campo de fuerzas democráticas, de deslealtad tan grande como el que ahora practica el PP.
Pero la deslealtad no es convertir el insulto y la desmesura en práctica cotidiana o la acusación infundada en parte vertebral de su estrategia. No. Se debe a que no usa el instrumento constitucional para exigir la responsabilidad ante un Gobierno que, de creer a sus voceros, es una suma de criminales, asesinos potenciales o activos, prevaricadores sin cuento, ralea del demonio y heredero de genocidas. Es culpable que el PP no presente una moción de censura salvadora de la patria. Nada puede ser más sanador y benéfico que escuchar al señor Casado, en el altar máximo de la tribuna, desgranar su Programa para cuando sea ese Presidente inerrante, omnipotente, patriota y guapo que todos estamos esperando.
(*) Profesor De Derecho Constitucional
