El Gobierno ha decidido consultar a las autonomías para saber qué centros tienen disponibles (recintos feriales, hoteles...) para poder albergar a personas contagiadas con el coronavirus que no presenten síntomas. Es decir, que tiene previsto recluirlas allí para evitar posibles contagios en el ámbito familiar.
Pese a que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que ese internamiento sería, "en principio" voluntario, el simple anuncio de estas intenciones oficiales es aterrador. Porque es fácil pensar que se vuelva a cambiar de criterio y en algún momento el confinamiento de las personas contagiadas se torne obligatorio.
¿Hasta qué punto tiene derecho el Estado a encerrar a personas contagiadas separándolas de sus familias? Por mucho que se trate de salvar vidas, la intromisión por la fuerza en la libre decisión de los ciudadanos puede ser traumática. Y desde luego, antidemocrática. Crear grandes campos de confinamiento de infectados es una medida que violenta el orden constitucional y no existe pandemia conocida o por conocer que permita a los gobiernos tratar a los contagiados como a los apestados del medievo.
Ya es preocupante el confinamiento domiciliario, que supone limitar la libertad de circulación y reunión de los ciudadanos. Es jurídicamente discutible que un estado de alarma permita una restricción tan grave de los derechos de los ciudadanos. Pero, en todo caso, se han guardado las formas. Se ha disfrazado de campaña voluntaria y el gobierno después de arrebatar la libertad a los ciudadanos llevó esta decisión al Congreso, que apoyó la medida por razones de interés general. En eso Pedro Sánchez ha ejercido una consciente moderación.
Para curar algunas patologías hay que operar. Eso supone entrar de forma traumática en el cuerpo de un paciente cortando tejidos, provocando hemorragias y daños que luego se tienen que recuperar, aunque en muchos casos queden imborrables cicatrices superficiales. Como quedarán en la memoria de este país. En la de muchos ciudadanos que perdieron a sus padres sin poder verles. En el recuerdo de un tiempo aciago en el que la policía nos paraba por las calles simplemente por estar yendo de un lugar a otro.
Hay líderes políticos, en los extremos de la izquierda y la derecha, que ven estos momentos excepcionales con sumo interés. El autoritarismo ha sido siempre la escalera con los que los regímenes totalitarios han asaltado el ejercido el poder, casi siempre con la excusa de la salvación del pueblo. Por eso hay que ser tan extremadamente cautos con las limitaciones a las libertades individuales y colectivas.
Los ciudadanos no son niños que deban ser manejados o manipulados, aunque sea en su propio bien. Los hombres y mujeres libres, han delegado en unos pocos representantes el poder de organizar su convivencia, no han cedido la soberanía ni han entregado incondicionalmente su libertad. Y esa evidencia debe estar muy presente en quienes están tomando decisiones que comprometen los derechos de todos.
Esta última propuesta de campos de confinamiento es un disparate colosal. Que alguien se lo piense.
