Todavía hay algo que me asombra, sí, ligeramente, y son las ausencias políticas. Obviamente el presidente Torres y la consejera Teresa Cruz han informado y han respondido a los medios de comunicación a lo largo de la eclosión de la crisis del coronavirus de manera inobjetable. El presidente ha demostrado, ciertamente, que asume sus responsabilidades y da la cara, pero sus camarlengos, desde hace bastantes días, debieron adoptar otro formato más ajustado, como ha hecho el Ministerio de Sanidad: un técnico cualificado y dotado con cierta capacidad comunicativa para informar en ruedas de prensa periódicas. Lo que chirría ligeramente es el silencio de otros espacios y dirigentes políticos. Es extremadamente curioso que hace apenas cuatro días, en el pleno del Parlamento de Canarias, sus señorías apenas se refirieran a una situación sanitaria que llevará hoy sábado a declarar el estado de alerta en todo el territorio español. Ni se protegieron los micrófonos, ni se instalaron geles con alcohol en los cuartos de baño, ni por supuesto estaban dispuestas mascarillas para quienes las pudieran solicitar. Es más, el jueves se firmó un Pacto social y político 'por el derecho al acceso de una vivienda digna en Canarias' -uno pensaba que en los parlamentos se pactaban leyes, no se consensuaban buenas intenciones- que congregó en una sala no demasiado espaciosa a un centenar de personas que, como en toda reunión por el estilo, carraspeaban y tosían con pasión después de besarse y estrecharse las manos. Por fin, para rematar la semana, la Mesa de la Cámara consiguió emborronar un comunicado perfectamente vacuo sobre el coronavirus y que, al menos a un servidor, no le parece perfectamente claro sobre la actividad de diputados, grupos parlamentarios y la propia Mesa.
¿Y los alcaldes y presidentes de los cabildos? No se trata de que inunden las televisiones y emisoras radiofónicas con mensajes de despedida. Lo mejor -como señala cualquier protocolo de comunicación de emergencias- es la claridad, la periodicidad, la transparencia y la autoridad técnica. Pero la ciudadanía demanda cierta empatía de los responsables políticos, apoyando, desde luego, las acciones, medidas y prescripciones del Gobierno central y del Gobierno autonómico. De veras que son extraños algunos mutismos. Como si la lucha por contener la pandemia e informar a la población fuera de los que están allá arriba, en lo más alto de la cadena alimenticia de la política, mientras nosotros seguimos aquí, en nuestras reuniones, firmas y ruedas de prensa. Por supuesto que su responsabilidad competencial, en estas circunstancias, es limitada (aunque no insignificante), pero eso no significa que no deban admitir responsabilidad política. De hecho uno de los efectos más preocupantes de esta crisis, si no es embridada a tiempo en el plano sanitario, y si su impacto económico no se muestra como limitado, es su potencial efecto deslegitimador del sistema político, es decir, una mayor debilitamiento de la democracia representativa a favor de gobiernos autoritarios, la lógica de la acumulación del capital y la rentabilidad inmediata y un sálvese quien pueda eucarístico y elevado a nueva moral pública, es decir, una intensificación acelerada de lo que ya se estaba viendo por todas partes. Los políticos deben saberse portarse, como los ciudadanos, para que este virus sea erradicado pero termine siendo letal para las convicciones democráticas y los derechos de los ciudadanos.
