16 de febrero de 2020
16.02.2020
Editorial

Antes del tributo verde, política medioambiental

La fiscalidad medioambiental que propone el Gobierno de Canarias no debe tener únicamente una finalidad recaudatoria y deben ir acompañada, incluso de manera previa, de medidas efectivas para descarbonización de la economía isleña para reducir la huella ecológica en todos los ámbitos de la producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios

15.02.2020 | 19:45

La cultura verde se impone a pasos agigantados. Nada en la actividad humana debe escapar a una visión ecológica y de sostenibilidad medioambiental en esta etapa de nuestra civilización, principio que inspira todos los programas y planes de las principales instituciones multilaterales, desde la ONU a la UE. La emergencia climática obliga a tomar medidas de manera urgente, inaplazable y global. Ya no valen las buenas palabras ni las medias tintas. La agenda verde ha dejado de ser un concepto voluble, inaprensible, genérico o de uso propagandístico. Las políticas de sostenibilidad son ya de obligada aplicación a través de medidas y acciones que deben ser a un tiempo concretas y transversales para que sean realmente efectivas.

El anuncio del Gobierno de Canarias de crear un tributo verde en las Islas entra de lleno en esa dinámica de actuación y de movilización de las instituciones en materia de sostenibilidad medioambiental con el objetivo de descarbonizar la economía canaria, reducir la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar el uso de las energías limpias. Es sin duda una iniciativa polémica, pero que va en la línea de la 'fiscalidad verde' que se está imponiendo en los distintos programas de acción contra el cambio climático. De momento, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no ha detallado las características de ese impuesto más allá de señalar que afectará fundamentalmente al turismo, la industria y el transporte, y que tiene intención de negociar su implantación y aplicación con las patronales y los agentes sociales de los sectores afectados.

La media es coherente con la declaración de emergencia climática de Canarias que aprobó el Parlamento regional en enero, en la que se constata que somos un territorio sensible y de alto riesgo ante los efectos naturales, económicos y sociales como consecuencia del cambio climático. Y desde luego sigue los pasos de las nuevas directrices de la UE para la elaboración de los presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2027, en los que las políticas medioambientales son una prioridad a través del llamado Pacto Verde Europeo; la Estrategia 2030 de la ONU; o la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que prepara el Gobierno de España, donde se señala que se ampliarán notablemente los recursos presupuestarios destinados a los objetivos en materia de cambio climático (al menos el 20 % del total).

De hecho, la presión fiscal ambiental en España está por debajo de la media de la UE. Bruselas ha publicado un informe en el que destaca que los principales retos para España son aumentar la fiscalidad medioambiental y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Aunque como contrapunto a todo este debate se ha constatado también que las comunidades autónomas ya disponen en la actualidad de toda una maraña de impuestos verdes, totalizando más de 60, con los que en conjunto recaudan algo más de 800 millones, aunque apenas suponen el 1 % de sus ingresos.

Distintos informes de expertos y de organismos señalan con claridad que esta es una de las grandes reformas pendientes en España, donde los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta de medioambiental no definen ni se vinculan de manera directa a las acciones ambientales negativas, sin un alcance espacial adecuado, y sin incidir en las medidas correctoras necesarias. Este es uno de los asuntos que debe resolver el Gobierno de Canarias a la hora de concretar su futuro 'tributo verde', que en todo caso está lejos de ser una "ocurrencia" como algunos le han reprochado.

Los empresarios de los sectores afectados han reaccionado con cautela, en algunos casos con más argumentos que en otros, pero insistiendo en la idea de que la fiscalidad medioambiental no tiene sentido si solo se plantea como afán recaudatorio. Hasta conocer más detalles al respecto, no habrá elementos de juicio sobre su idoneidad y efectividad, pero en todo caso cabe plantearse, dado que su objetivo es compartido tanto desde el Gobierno central como desde el resto de comunidades autónomas, si no sería conveniente una armonización fiscal territorial previa, con los ajustes necesarios para el caso específico de Canarias, para evitar que no afecte a la competitividad de las empresas y de la economía canaria en su conjunto.

Canarias ofrece además circunstancias concretas que inciden en el debate sobre la fiscalidad verde y en general sobre las políticas de sostenibilidad medioambiental. Porque antes de plantear ese futuro tributo sobre las actividades que contribuyen a la emisión de gases contaminantes quizá podría ponerse más empeño, recursos y actuaciones en reducir esas emisiones. Se evitaría así la paradoja de que se gravan fiscalmente actividades que inciden en la crisis medioambiental sin tratar antes de actuar sobre ellas.

Antes del impuesto verde, la política verde. Así, Canarias sigue explotando en su mayoría fuentes contaminantes para la generación de energía eléctrica y con una baja, aún, penetración de las energías limpias. En el transporte se continúa aún sin un plan claro de movilidad terrestre que acabe con el vehículo privado como dueño y señor del escenario, y sin resolver los grandes atascos y colapsos de tráfico en las capitales canarias. Y aún está sin abordar una verdadera planificación estratégica para afrontar el transporte público y el acceso a las capitales.

Cabe recordar que la mencionada ley estatal de transición ecológica obligará a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones antes del 2023. Pero, ¿cómo aplicar un tributo verde al transporte sin que ello afecte sustancialmente a la movilidad interinsular, bien en la viabilidad de las compañías que cubren los trayectos por mar o aire o la economía de los viajeros? ¿O habrá que asumir que la nueva cultura verde nos obligará a todos a pagar un precio?

En cualquier caso toda medida tributaria tiene que estar asociada a políticas medioambientales y a mecanismos de evaluación periódicos sobre el mantenimiento, modificación o supresión del impuesto verde. En todo caso no debe suponer ni una doble fiscalidad ni unos niveles de tributación desaforados que al final acaben dañando gravemente a los sectores afectados, con la perdida de empleo y competitividad.

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