13 de enero de 2020
13.01.2020

Más humo

El consumo de tabaco genera cerca de 60.000 muertes al año en este país. Motivo suficiente como para agradecer cualquier medida que pueda disminuir su impacto en la salud pública.

12.01.2020 | 19:25
Más humo

El consumo de tabaco genera cerca de 60.000 muertes al año en este país. Motivo suficiente como para agradecer cualquier medida que pueda disminuir su impacto en la salud pública. De ahí que haya que felicitarse por la decisión del Ministerio de Sanidad de financiar los tratamientos farmacológicos para el tabaquismo. A pesar de su racanería -mucha, por cierto-, se trata de un punto de inflexión en el modo de actuar de la sanidad española. Atrás quedaron los tiempos en los que Elena Salgado se negara a gastar un céntimo del presupuesto sanitario en estos menesteres. La ministra de Zapatero argumentaba que cada fumador era responsable de su propio problema y, en consecuencia, debía pagarse los medicamentos. Aunque tímidamente, parece que los tiempos van cambiando. Más vale tarde que nunca.

Lo que Salgado nunca dijo es que la adicción al tabaco también reporta pingües beneficios al tesoro público. Nada menos que 9.000 millones de euros se obtienen anualmente mediante los impuestos especiales y el IVA que gravan este tipo de productos. Ya podía haber valorado esa ganancia y compensar a los que pierden la salud por ella. Tampoco pareció importar mucho la insistencia de la Organización Mundial de la Salud recordando que, el tabaquismo, es la primera causa de mortalidad evitable. El discurso facilón y ya habitual en esto de las adicciones, se dirigía a responsabilizar al enfermo -que no simple consumidor- de todos los males. Cuestión de verlo como un vicio porque, en España, el imaginario social sigue estando sobrado de moralina. No es cuestión de atribuir la condición de causalidad al enfermo, sino a quienes facilitan que el problema acabe por cronificarse.

Es indudable que algo hemos avanzado. Si Salgado fue contundente defendiendo el argumento de "que se lo paguen ellos", la actual ministra, María Luisa Carcedo, ha sido algo más comprensiva con estas almas descarriadas entre las que un servidor se encuentra. La novedad ha sido presentada en los medios como mano de santo para resolver un problema que ya hace tiempo que se fue de las manos. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un nuevo brindis al sol, práctica demasiado habitual en la política sanitaria española. Y es que, aunque la idea es buena, no es oro todo lo que reluce. El discurso de fondo sigue siendo el mismo por mucho que se intente maquillar.

Leo la noticia y encuentro números que chirrían de entrada. El objetivo es financiar el tratamiento de algo menos de 85.000 españolitos. Realmente es poca cosa. Más bien, cosa ridícula. Para ello, van a comprometer cerca de ocho millones de euros. Si comparamos con esos 9.000 milloncitos que les decía que se recaudan, a un servidor le parece una aportación un tanto cutre. Más aún cuando, a diferencia de otras enfermedades, en esta algo habrá influido la participación del Estado, titular de Tabacalera -hoy, Altadis- hasta el año 1998. No existe adicción alguna en la que la responsabilidad de los poderes públicos sea mayor. Un matiz que no debiéramos olvidar.

Les digo que es miseria e insisto en ello. Esos 85.000 posibles beneficiarios a los que me refería, apenas significan el 0,8% de la población española que fuma diariamente. Y es que, entre los españoles de 15 a 64 años de edad, nada menos que una tercera parte fuma cada día. Vaya, que son candidatos al tratamiento. Claro está que no todos se encontrarán motivados para dejar de fumar, pero que la estimación sea tan baja es una mala broma. Ninguna enfermedad -menos aún, con tanta morbilidad asociada- recibe tan escaso interés por las autoridades sanitarias. Así pues, menos lobos, porque esto y nada es lo mismo. Lo jodido es que las cifras apuntan a que, mientras a nivel mundial el número de fumadores desciende, en España sigue en aumento. Al menos, esos dicen los datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad.

¿Cómo es posible racanear tanto? La solución es la habitual en este país: prometer derechos, pero dar calabazas. Vean los criterios que hay que cumplir para recibir una aportación que, en el mejor de los casos, no supera los 135 euros por cabeza. En primer lugar, se exige estar incluido en un "programa de apoyo de deshabituación tabáquica". ¿Qué es eso? Pues, sinceramente, ni lo sé ni me consta que exista a la vuelta de la esquina. Porque si por ello se entiende el necesario apoyo psicológico, difícil será ofrecerlo con la ridícula dotación de psicólogos de la que dispone la sanidad española. Porque, eso sí, ni un céntimo se ha destinado a dotarla adecuadamente de los medios humanos necesarios para atender a la patología más prevalente entre la población española.

Más llamativa es la obligación previa de haber intentado dejar de fumar "a pelo" en alguna ocasión durante el último año. No me pregunten cómo diablos se certifica eso, pero los médicos deben asegurarse que así es, antes de prescribir ninguna pastilla milagrosa. Supongo que bastará con dar la palabra. Lo curioso es que sea la propia ministra Carcedo quien advierta que solo el 5% de quienes lo intentan lo consiguen sin ayuda. La exigencia es tan kafkiana que se convierte en un "trátese usted mismo y, si no lo consigue, ya veremos si le echamos una manita". Como colofón, el tratamiento solo se ofrecerá una vez cada año. Cierto es que hay que estar motivado para iniciarlo, pero nos encontramos ante la primera ocasión en que la atención sanitaria se limita bajo este criterio. Imaginen lo que ocurriría si se actuara de igual manera con cualquier otra enfermedad de menor impacto social y sanitario. Ciertamente, un hito histórico para no repetir.

Más promesas, con limitada capacidad de respuesta, pero muy elevadas expectativas entre la población. En Atención Primaria están que trinan. Adivinen quienes recibirán la avalancha de peticiones. Obviamente, los mismos que se fajan día a día con todos los problemas de salud y a las puertas de los habituales estragos de la gripe. Serán también los mismos que tendrán que dar mil y una explicaciones para denegar los tratamientos. O, en su caso, incumplir las instrucciones y prescribir bajo criterios estrictamente médicos, pasándose por el forro los intereses economicistas con los que nace la nueva prestación. Como les anticipaba, se incrementa la demanda asistencial sin incorporar los medios para ponerla en práctica. La historia se repite.

Pues eso, que algo es algo, pero tampoco estamos como para lanzar cohetes. Más humo.

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