La suerte está echada para la nueva legislatura estatal y para la nueva etapa política marcada por la puesta en marcha del primer gobierno de coalición de la reciente historia española. Un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de exigua mayoría parlamentaria que el socialista Pedro Sánchez presidirá con numerosos y complejos frentes abiertos y que necesariamente va a tener que dedicar muchas de sus energías a gestionar el endiablado tablero abierto en Cataluña, por sus acuerdos con ERC, en un contexto de trincheras abiertas en el Congreso y, en general, en todo el escenario político del país.
Las dificultades inherentes a la dinámica de un gobierno en el que conviven dos partidos, que además se ha organizado en departamentos estancos donde cada formación va a ejercer el poder que ha asumido en el reparto, podría lastrar la eficacia exigible a la nueva Administración y dejar sin efecto práctico el fin de la parálisis política logrado, por fin, tras muchos meses de bloqueo. Pero cualesquiera que sean el marco y los condicionantes, internos y externos, en los que se desenvuelva el nuevo Ejecutivo, este está obligado a abordar los retos de futuro de la sociedad española con la garantía de que gobernará para todos los ciudadanos, con la Constitución como cauce para cualquier acuerdo del Consejo de Ministros o decisión del propio presidente y con la máxima de que aplicará el programa anunciado por Sánchez en su discurso de investidura pensando en el interés general y garantizando que no habrá privilegios para nadie.
Canarias, su Gobierno y sus representantes políticos en las Cortes Generales tendrán que estar muy atentos al devenir de los acontecimientos porque la comunidad autónoma y sus ciudadanos nos jugamos mucho en este tiempo nuevo. Si desde las Islas se clamaba por el fin de bloqueo político y la reactivación del trabajo en el Parlamento y en los ministerios, ahora toca exigir manos a la obra para empezar cuanto antes a resolver los asuntos pendientes por tantos meses de parálisis de la Administración central. Y una primera tarea es comprobar de qué forma el nuevo Ejecutivo asume la agenda canaria en el marco de los muchos compromisos de tipo territorial que ha tenido que asumir previamente.
Conocida ya al completo la composición del nuevo gabinete de Sánchez, desde las Islas tenemos que congratularnos de la presencia en él de la veterana y experimentada socialista Carolina Darias, que ha desempeñado distintos cargos públicos en las instituciones canarias y ahora era consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Darias asume el Ministerio de Política Territorial, desde donde tendrá que pilotar una nueva etapa de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas con el conflicto catalán como telón de fondo, y, junto con el Ministerio de Hacienda, cuadrar el nuevo sudoku de la financiación autonómica. Su presencia en el Consejo de Ministros la entendemos desde Canarias como una garantía de que ningún paso se va a dar en cualquiera de las materias sensibles para las Islas sin que salten las alertas oportunas y se tomen las prevenciones necesarias. Este nombramiento abre grandes expectativas sobre las relaciones entre Canarias y el Estado, y la forma en que se venía trabajando en la agenda bilateral en los dos últimos años, conjurando cualquier inquietud que pudiera provocar el hecho de que un vicepresidente y cuatro nuevos ministerios vayan a estar en manos de Unidas Podemos, una formación que no apoyó en las Cortes las reformas del Estatuto de Autonomía y del REF, y que está claramente en contra de muchos aspectos esenciales de las leyes económica y fiscal isleñas. Si las reformas de 2018 de ambos textos, que incorporan nuevos preceptos y garantizan, al menos en teoría, mejores condiciones de inversión y financiación para las Islas, inspiran los compromisos de Sánchez con Canarias para los próximos años, cabe preguntarse de qué forma esto va a ser asumido por el socio de Gobierno de los socialistas en Madrid. También hay que saludar el nombramiento de Victoria Rosell, diputada de la formación morada por Las Palmas, como nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, donde la también jueza en excedencia tiene por delante una labor de gran relevancia social como es combatir la lacra de los crímenes machistas.
La agenda canaria en la política estatal está, en todo caso, claramente establecida y marcada y ahora sólo queda confiar en que haya voluntad política desde Madrid para darle marcha y cumplimentarla... y pasar de las musas al teatro. Las relaciones de los Gobiernos canario y central son óptimas, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tiene plena sintonía con todos los ministros socialistas que repiten y que ya están familiarizados con los temas bilaterales en discusión. Por eso es buena noticia que se mantengan en el Ejecutivo los titulares de Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica; Agricultura y Pesca; e Interior. También lo debía ser por los mismos motivos que lo hagan José Luis Ábalos en el reconvertido Ministerio de Fomento, o María Jesús Montero en Hacienda, pero de ellos cabe esperar no sólo dominio de los problemas de las Islas, que lo tienen, sino además un punto más de compromiso por resolverlos de lo que lo hicieron en algunos momentos en el pasado. Al menos en el caso de Ábalos, sus últimos gestos y decisiones van en la buena dirección. De entre los nuevos nombres, del de Exteriores, Arancha González Laya, cabe resaltar como elemento positivo que su experiencia en comercio internacional ayudará en las negociaciones sobre un 'brexit' muy sensible para el Archipiélago.
El acuerdo entre socialistas y NC es un importante punto de partida para el desarrollo de la agenda canaria, pero eso no garantiza que se vaya a concretar de forma efectiva en el ámbito presupuestario. Así lo ha señalado por su lado CC, cuya diputada, Ana Oramas, ha negado el apoyo a Sánchez precisamente, entre otras cosas, porque cree que ese acuerdo sólo garantiza "el cumplimiento de las leyes" que sustentan el REF y el Estatuto, pero que no desciende a compromisos concretos y evaluables en términos presupuestarios y de financiación. La convulsión política en CC por el 'no' de Oramas a la investidura desobedeciendo al máximo órgano de dirección del partido, que apostó por la abstención, no debe despistar al nacionalismo de centro-derecha sobre el papel que puede y debe jugar en Madrid, que ha de ser realista y práctico y seguir en su tradicional senda pactista para favorecer la agenda canaria y los intereses del conjunto de los ciudadanos de las Islas. Lo mismo cabe reclamar a los diputados del PP en el marco de un próximo escenario de debate territorial sobre la anunciada reforma del sistema de financiación y el reparto de fondos estatales para inversión y atención a servicios públicos.
La formación de gobierno en el Estado tiene que traducirse cuanto antes en la presentación de un proyecto de Presupuestos que debe incorporar todos esos compromisos expresados sobre el papel y que supondrá la inclusión automática de en torno a 200 millones de euros en aplicación de los nuevos preceptos del REF y del Estatuto, además de los 500 millones relativos a la obra no ejecutada del anterior convenio de carreteras. El nuevo Gobierno debe dar respuesta a otros dos elementos esenciales de la agenda isleña como son la búsqueda de una fórmula jurídica para permitir que los 500 millones de deuda en carreteras, según sentencia del Tribunal Supremo, salgan del capítulo de superávit en el que lo tiene colocado el Ministerio de Hacienda y permitir que puedan ser utilizados para inversiones propias o destinados a cubrir la prestación de servicios públicos esenciales. Lo mismo cabe decir de los 2.000 millones de ahorros del conjunto de las administraciones territoriales canarias que la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a mantener en los bancos sin posibilidad de que los ciudadanos se beneficien de ellos allí donde realmente los necesitan, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Junto a la cobertura financiera de los demás convenios de infraestructuras o empleo que el Archipiélago necesita para garantizarse la aplicación efectiva del REF y lograr una inversión estatal equivalente a la media nacional, la agenda isleña que Sánchez y su equipo deben tener desplegada desde el primer día en sus mesas de trabajo la completan elementos esenciales como la defensa de Canarias como Región Ultraperiférica en la Unión Europea y las compensaciones al sector hortofrutícola exportador por los efectos del 'brexit', o una imprescindible política activa de garantía de la conectividad aérea con el continente que mantenga un sector turístico dinámico y competitivo, y que acabe de una vez con el descontrol de precios de las conexiones con la Península. El control de la inmigración irregular y la situación de los CIE de las Islas también son otros asuntos que pondrán a prueba hasta qué punto el nuevo Gobierno se implica con esta tierra.
