08 de enero de 2020
08.01.2020

Desobediencia permanente. La ley como solución

Soy partidario del diálogo, del acuerdo e, incluso del indulto. Siempre lo he dicho. Pero no puedo tolerar los retos al sistema constitucional o la connivencia satisfecha con tales conductas.

07.01.2020 | 22:56
Desobediencia permanente. La ley como solución

Esperpéntico mejor que otro calificativo. Porque el sábado por la tarde, mientras que en el Parlamento catalán ERC y JxCAT aprobaban desobedecer a la Junta Electoral Central, ignorar la ley e imponer las instituciones catalanas por encima de la institucionalidad española, Sánchez, impávido, suplicaba a aquellos que apoyaran su investidura apostando por un diálogo que, evidentemente, quedaba claro solo podría ser con menosprecio de nuestro sistema democrático. Soy partidario del diálogo, del acuerdo e, incluso del indulto. Siempre lo he dicho. Pero no puedo tolerar los retos al sistema constitucional o la connivencia satisfecha con tales conductas.

Tras este nuevo gesto habrá que recordar a Sánchez que no judicializa el Estado, sino los que cometen delitos y quieren ser impunes. Y que Cataluña, hoy por hoy, es España y las leyes obligan a todos. Ante un desafío ilegal, la respuesta solo puede ser la misma, una y mil veces. Ceder es aceptar la derrota de la ley. El diálogo no puede confundirse con cesiones a la ilegalidad o con la derrota del Estado. No es democracia tolerar que la ley sea pisoteada.

La llamada judicialización es una conquista del Estado de derecho que obliga a que, a falta de acuerdo o ante acuerdos ilegales, los conflictos se resuelvan para todos igual, ante los tribunales, evitando la imposición del más fuerte y la arbitrariedad de los poderes públicos. Criticar la judicialización de las controversias es apostar por el autoritarismo, la desigualdad y los privilegios de la clase política, es amparar una dictadura aunque se recubra de auras democráticas. El proceso y el Poder Judicial son expresión de los valores constitucionales. Debe cuidarse el lenguaje y no caer en soflamas antisistema y secesionistas.

No puede Sánchez, no tiene legitimidad democrática, para hablar de política y desjudicialización, de lo que es ajeno a su competencia, la de un gobernante que carece de facultades en el Poder Judicial en un sistema democrático. La política no puede evitar que la ley reaccione ante su incumplimiento y un gobierno no puede criticar la aplicación de aquella por los tribunales. Mucho menos puede hablar de agravio de los tribunales a la ciudadanía catalana, en una clara crítica al Poder Judicial. Ni indicar al Tribunal Constitucional lo que debe hacer para favorecer su política por encima de la Constitución. Menos aun lo que hizo Lastra calificando como mero órgano administrativo, irrelevante, a la JEC. Y en esa línea, no puede Iglesias, que se presenta como vicepresidente del Gobierno, hablar de políticos exiliados, cuando son rebeldes a la Justicia, huidos del Tribunal Supremo. Todas estas cosas son normales en dictaduras y en dictadores, no en gobernantes democráticos.

Torra desobedeció las reglas electorales consciente y voluntariamente, asumiendo las consecuencias de su actitud: una condena por desobediencia que lleva aparejada la inhabilitación. Prepotencia mesiánica y autoritaria. La reacción del Estado, de su Poder Judicial, era la única posible, pues la ley y en especial la penal es indisponible y no cumplirla implica prevaricar.

Inhabilitar a quien ha sido condenado, aunque la sentencia no sea firme, no es extraordinario. Los jueces, por ejemplo, son suspendidos simplemente por ser imputados. No es, pues, una excepción a la legalidad vigente y menos una excepción dirigida a atacar Cataluña. La Loreg es clara y anterior al conflicto catalán. Queda inhabilitado, aunque la sentencia no sea firme, quien incurre en ciertos delitos, entre ellos el de desobediencia. Y el art. 6 de esta ley se aplica sobre la legislación autonómica porque las causas de inelegibilidad, por disposición del art. 70 CE, competen a la ley electoral general. La JEC se ha limitado a aplicar el art. 6,2 Loreg, automáticamente al tratarse de una condena penal. Y, en este sentido, el Parlamento catalán debe acatar la sentencia y la decisión de la JEC, sin que el posible recurso tenga carácter suspensivo al ser la inhabilitación, judicial y legalmente ordenada, fruto de una sentencia que debe ser ejecutada, aunque no sea firme, por disposición legal expresa, no discrecional.

Que el Parlamento catalán haya decidido desobedecer a la JEC es grave, un reto al sistema y a la ley que Sánchez debe enfrentar. Callar o tolerar sería tanto como sumir a España en la vergüenza de soportar actos de fuerza inadmisibles, hostiles y que a todos nos afectan, por dignidad. Sánchez debió romper el pacto ese mismo día con quienes lo han roto desobedeciendo las leyes vigentes, es decir, vulnerando el pacto que establece un diálogo en el marco de la legalidad, la actual y la que venga después. Salvo que el pacto oculte condiciones que desconocemos.

Quiero confiar en que el silencio de Sánchez no es tolerancia, sino necesidad para lograr conformar un gobierno y que este, siendo del PSOE, no se saldrá del marco constitucional. Quiero confiar en que las cosas serán como tienen que ser en un Estado de derecho y que todo cambio se adaptará a la Constitución y a la ley y se respetará a los demás poderes del Estado evitando un conflicto entre todos ellos. Porque si no fuera así los riesgos serían imposibles de asumir. Está en juego el sistema y el PSOE, aunque haya ofrecido otra apariencia estos días, no puede aliarse con los extremos. Perdería sus apoyos y su existencia estaría en riesgo. Lo inmediato acaba pronto y un partido con 140 años no puede hipotecar su futuro. Sus votantes no son sus militantes. Y la economía no les va a ayudar.

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