El PSOE se ha sumado a la petición de los cabildos insulares de modificar la ley de cabildos (aprobada a propuesta de los socialistas en el último año de la segunda legislatura de Rivero) para permitir la contratación a dedo de los directores insulares. El PSOE pretende introducir una enmienda de acompañamiento a los presupuestos 2020, en la que -por la puerta de atrás- se fumigue el mandato establecido por la ley de cabildos en 2015. La filosofía de la norma era más que evidente paras todos. Se trataba de reducir la discrecionalidad y arbitrariedad de los nombramientos de personal directivo, atendiendo a estrictos baremos de mérito y capacidad, un criterio sin duda muy defendible. Entre otras cosas, porque la norma ha sido sistemáticamente incumplida por algunos cabildos, provocando que varios de los nombramientos digitales hayan sido anulados en estos cuatro últimos años. Antonio Morales, que se pasó lo establecido por la ley por el mismísimo arco de triunfo, sabe de eso un rato...

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Lola Corujo, ha sido artífice de la enmienda que quiere presentarse a los Presupuestos para ahorrarse así los trámites parlamentarios para la modificación de la ley de cabildos, y que además no requiere el preceptivo informe del Consultivo, pero que Corujo sólo negoció con su grupo parlamentario y no con el Gobierno o el resto de los grupos. Lo que ocurre es que el atajo vulnera uno de los acuerdos del propio Gobierno regional, que se comprometió durante esta etapa floral a no utilizar la ley de presupuestos para asuntos ajenos a los propios Presupuestos. Eso ha creado cierto desencuentro entre el Gobierno, el grupo parlamentario socialista y -sobre todo- Podemos, aunque el cuatripartito ha demostrado hasta ahora una extraordinaria disposición a llegar a acuerdos, por lo que es poco probable que la sangre llegue al río?

Los cabildos consideran, sin embargo, que es injusto que el Gobierno pueda elegir a sus directores generales a dedo, sin limitación alguna y de acuerdo con lo que le salga del occipucio a los consejeros -así es como se hace desde la noche de los tiempos- y que las corporaciones insulares no puedan actuar de la misma forma con los directores insulares -un cargo que podría interpretarse como equivalente al de director general- y haya que seleccionar obligatoriamente a los candidatos a ser director insular de entre los funcionarios de la corporación y no del amplio catálogo de leales servidores del partido, amigotes del que nombra o cuñados de reconocido prestigio.

Los cabildos tienen razón en que existe cierta diferencia entre el proceder admitido en el funcionamiento del Gobierno y el que se exige a los cabildos. Pero las diferencias entre Gobierno y corporaciones insulares no radican sólo en los nombramientos, sin que a nadie se le haya ocurrido cambiarlas. Al final, lo que demuestra este mínimo rifirrafe es que lo que vale para un partido cuando no tiene el control de una institución -carecía el PSOE de ese control en los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife cuando los propios socialistas votaron a favor de profesionalizar los nombramientos y evitar la discrecionalidad y el dedazo- no vale igual cuando uno tiene la Presidencia y el poder insular.

Que es justo lo que ocurre ahora.