07 de noviembre de 2019
07.11.2019
A BABOR

Una visión del Estado

06.11.2019 | 23:33
Francisco Pomares

Pedro Sánchez no es solo el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Es también, como se encargó de recordarnos el pasado lunes durante todo el debate de candidatos, el presidente del Gobierno -en funciones- de una democracia madura, con más de cuarenta años de recorrido. Una simpleza (o una machada, según se mire) del candidato socialista, al ofrecer garantías de que su Gobierno traerá preso a Puigdemont y lo someterá a la acción de la Justicia, despertó el rechazo de sus adversarios en el debate: el presidente en funciones puede expresar su deseo (común a la mayoría de españoles) de que Puigdemont sea juzgado, pero presumir de que así se hará, aunque comporte beneficios electorales, es una sorprendente intromisión del Ejecutivo en el principio de separación de poderes, y una irresponsable carga de profundidad contra la efectividad de la euroorden emitida por el Supremo solicitando la extradición del expresidente de Cataluña.

En un debate a cara de perro, como el del lunes, es comprensible que a uno se le caliente el pico y diga una inconveniencia o cometa un exceso. Que le ocurra al presidente en funciones es más llamativo que si le ocurre a un aspirante, pero todos somos humanos y tenemos el derecho a meter la gamba, especialmente en situaciones bajo presión. Lo incomprensible -yo diría que bochornoso- es reincidir chulescamente en el error. Ayer, Pedro Sánchez fue preguntado en Radio Nacional sobre su patinazo, y en lugar de disculparse, o al menos hacerse el longui, el hombre insistió en su error, obviando dos cosas: la primera y más grave es que no es el Gobierno quien emite órdenes internacionales de captura, ni decide la entrega de un político fugado. La decisión de solicitar la entrega de Puigdemont es competencia de los tribunales de justicia españoles, y la de entregarlo, de la justicia belga. Ni aquí ni allá interviene Gobierno alguno, porque la democracia se toma muy en serio la separación de poderes. La segunda manifestación de Sánchez, asegurando que el Gobierno está actuando para lograr extraditar a Puigdemont, suministrando a la justicia belga la información pertinente a través de la Fiscalía, es un despropósito. Agravado al dar por hecho que la Fiscalía depende del poder ejecutivo, un concepto que no se sostiene y que -viniendo de un presidente del Gobierno- denota una de dos: o que Sánchez no tiene idea de cómo funciona el Estado, o que la suya es una concepción instrumental y autoritaria de la Administración y los servicios públicos. El Ministerio Fiscal no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno: tanto la Constitución como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establecen que los fiscales actúan con objetividad e independencia, en base a los principios de legalidad e imparcialidad. La Constitución faculta al Gobierno para nombrar al fiscal general del Estado, al que puede pedir que promueva la defensa del interés público, pero el Gobierno no puede dar órdenes -ni instrucciones- al fiscal general o a los fiscales.

La sobrada de Sánchez ha provocado el rechazo de las dos asociaciones de Fiscales, y le ha dado munición al fugado Puigdemont ante la justicia belga. Ayer ya la usó: "Sánchez confirma que en España no hay separación de poderes", dijo. No es cierto. Sí la hay. Aunque un bocachancla -en funciones- parezca no saberlo.

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