En las últimas fechas el asunto de los mayores abandonados en los hospitales fue abordado tanto en las instancias públicas como en las páginas de la prensa regional. No hablamos de nada nuevo, ni para las instituciones ni para los medios. Estamos lisa y llanamente ante un viejo problema, aumentado y agravado por causas demográficas, que ha tenido -y eso es de agradecer- el verbalizado reconocimiento y censura de un uso y vicio que afecta de plano a uno de los sectores más sensibles de la sociedad y que, pese a su extensión y gravedad, "tiene ciertas dificultades para las actuaciones legales".
Así lo manifestó el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, en la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía que, además de mostrar su máxima preocupación porque no se "ponen los recursos necesarios para que funcione el estado del bienestar", insistió en la necesidad de la ampliación de las plantillas "para garantizar el funcionamiento de una justicia más diligente y eficaz".
A partir de una noticia de EL DÍA, que reveló el abandono de ciento veinte enfermos en los dos grandes hospitales tinerfeños, el problema se planteó por el diputado autonómico Jonathan de Felipe en la Comisión de Justicia en la que apuntó, junto a la injusticia del abandono, el agravante que suponía que algunos familiares de los desasistidos dispusieran de sus pensiones y la necesidad de investigar, en esos casos, las posibles responsabilidades penales o eximentes.
A su vez, el Diputado del Común abrió una investigación de oficio "porque el hecho no sólo atenta contra la dignidad de nuestros mayores sino que tiene claras implicaciones en el funcionamiento del Servicio Canario de Salud". Rafael Yanes señaló la paradoja de "pacientes que esperan meses para intervenciones quirúrgica por falta de camas y personas que ocupan un espacio que no es el que requieren"; y demandó a las consejerías implicadas, las medidas previstas para solucionar el conflicto.
Lo nuevo y mollar en estos tristes episodios es hoy su total y coincidente reconocimiento, las inmediatas acciones que se esperan en los ámbitos parlamentario y judicial y la eficaz tutela de nuestro defensor del pueblo ante los derechos negados y vejados de los mayores.
