Llegó la hora de la verdad para el casi recién estrenado Gobierno de progreso que tomó las riendas de Canarias hace solo tres meses. El Ejecutivo surgido del pacto de las flores, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres e integrado por PSOE, NC, Podemos y ASG, se enfrenta ahora a la trascendental prueba de fuego real en la elaboración de sus primeros presupuestos regionales, los correspondientes a 2020, cuyo proyecto inicial acaba de aprobar en Consejo de Gobierno tras haberlos sometido primero a la consideración del Consejo Económico y Social.

Lo ha hecho con una clara voluntad de desarrollar en las cuentas generales de Canarias su ambicioso programa social comprometido en la investidura de Torres y en el documento del cuatripartito que la hizo posible, porque la clave de estos presupuestos autonómicos es la de una apuesta indiscutible por los programas redistributivos, hasta el punto de integrar en ellos el 75 % del presupuesto global (6.037 millones de un total de 8.067 y un 11,7 % más que este año), con lo que ello conlleva de prioridad para el desarrollo de los servicios públicos y de las políticas de ayudas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad canaria.

Es sin duda una apuesta loable porque la crisis ha castigado de manera muy intensa a este sector de la población durante la última década, en la que las desigualdades se han disparado en Canarias y se ha ampliado considerablemente el número de canarios en el umbral de la pobreza, viviendo al límite de sus posibilidades, como acaba de confirmar un reciente informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa.

Si la etapa de los recortes y un desempleo disparado en los primeros años de la crisis se cebó en las capas trabajadoras y en la clase media, la posterior recuperación económica y el boom turístico de los últimos años no ha logrado recuperar para esos sectores el nivel perdido con la crisis. Y es por ello de justicia que ahora se haga un esfuerzo en su favor.

Si el anterior Gobierno de CC logró sanear las cuentas como elemento clave para la necesaria credibilidad para la economía isleña (y evitar con ello la intervención del Estado) y como punto de partida para que el endeudamiento y el déficit no lastraran cualquier política económica de inversión y de mantenimiento de los servicios públicos, nada tiene de exótico que ahora se enfatice el presupuesto en las políticas sociales con un presupuesto que bate récords en recursos destinados a este objetivo.

Además de incrementar las partidas destinadas a Sanidad (+ 4,4 % que en 2019) y Educación (+7,1 %), las dos grandes áreas en la que se expresa el Estado del bienestar y el destino de una gran parte de los recursos públicos (el 62,5 % del total), el presupuesto elaborado por el equipo del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, da un salto cualitativo en todas las dependientes de la consejería de Derechos Sociales en asuntos como la paga de inserción y la lucha contra la pobreza (75 millones), y la dependencia, con el objetivo prioritario de reducir los tiempos de espera, una de las grandes asignaturas pendientes de Canarias.

El Gobierno de Canarias amplía el foco hasta alcanzar áreas emergentes como las políticas de igualdad de género o la lucha contra el cambio climático, que se apunta 12 millones entre acciones directas y recuperación de hábitats y protección de la biodiversidad y concreta las políticas para la transición ecológica en 15,5 millones (+ 13,3 %). Además, se recuperan actuaciones muy descuidadas en los últimos años como la vivienda (15 millones y casi un 20 % de crecimiento). Son todos ellos aspectos de la acción política que tienen especial incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos y es por ello que el aumento presupuestario debe tener un reflejo auténtico y efectivo sobre los servicios públicos beneficiados y debe ser percibido de forma inequívoca por sus usuarios, es decir, todos los ciudadanos de las Islas.

El reto no es pequeño para el Ejecutivo de Torres porque este ambicioso plan político sostenido sobre sus primeras cuentas regionales llega en un momento complicado desde todos los puntos de vista. El aumento de los gastos se sustenta en el proyecto de presupuestos en una subida fiscal de medio punto en el tipo general del IGIC y en las rentas más altas del tramo autonómico del IRPF, así como en una reordenación del gasto (130 millones) en el conjunto del presupuesto.

El gasto no financiero sólo crece un 2,7 % pese a dispararse el gasto social, mientras las inversiones caen, entre otras razones, por los problemas de ejecución de los convenios de infraestructuras con el Estado, sobre todo el de carreteras. La sensación, tal como reconocen el presidente y el vicepresidente, es que se trata de una "obra de orfebrería compleja" y de unas cuentas hechas "a pelo" y "a ciegas", porque hay mucha incertidumbre sobre los escenarios políticos y económicos que intervienen. Es por tanto un presupuesto con alto riesgo de incumplimiento a poco que los factores externos se le pongan en contra al Ejecutivo del pacto. Las flores pueden volverse espinas a cada intento de cuadrar las cuentas sin perder por el camino lo esencial del aroma social que quieren desprender.

A la incertidumbre política nacional por los resultados electorales del 10-N y sus consecuencias sobre las relaciones financieras entre Canarias y el Estado, de las que dependen que se puedan incorporar al menos 200 millones de ingresos estatales (o un máximo de hasta 1.000 millones), hay que añadir factores aún más determinantes como el enfriamiento económico en España y en la zona euro, cuyo efecto sobre Canarias ya incorpora el propio proyecto presupuestario al prever un crecimiento del 1,3 %, medio punto por debajo del calculado para el cierre del actual ejercicio, y con un horizonte complicado para la economía canaria por el inicio de un cambio de ciclo a corto plazo en el sector turístico, el de mayor incidencia en la generación de riqueza y de creación de puestos de trabajo en las Islas.

El brexit, la guerra comercial internacional, y la crisis política española son otros elementos de riesgo para el plan presupuestario del Ejecutivo canario, que en todo caso no ha escondido que el empleo se resentirá y alcanzará el 21,3 % (cuatro décimas más que este año y un 1,2 % más que en 2018). De hecho, el Ejecutivo avanza que su proyecto tiene como principal objetivo afrontar el mal año económico que se avecina y esa esperada subida del paro. Es decir, es un presupuesto de choque que tiene, precisamente por ello, el riesgo de que no se pueda cumplir porque fallen las previsiones de ingresos.

En todo caso, el Gobierno debe asumir que la subida de impuestos, y en especial la referida al impuesto directo al consumo, con un incremento del 6,5 al 7 % en el tipo general del IGIC y otros de menor impacto, le obliga a vigilar su efecto en la gestión de los servicios públicos, es decir, que los ciudadanos perciban con claridad que van a beneficiarse de la recaudación extra a través de una mejora apreciable en esas prestaciones.

Un primer elemento que alimenta las dudas sobre cómo se ha diseñado el proyecto presupuestario es el rechazo de ayuntamientos y cabildos, muchos de ellos en manos de los partidos que conforman el Ejecutivo regional, a los cambios propuestos en la redistribución de los nuevos ingresos del IGIC. Las instituciones insulares y municipales reclaman claridad en el reparto de los fondos de inversión del Fondo de Desarrollo de Canarias. Los partidos de la oposición, por su lado, descalifican el proyecto con argumentos de distinta suerte y calado. Coinciden en que los presupuestos no son prudentes y que van en la dirección contraria a la que aconseja el contexto económico. El tiempo dará y quitará razones, pero de entrada cabe reclamar una tramitación del proyecto que mejore en lo posible el proyecto sin que ello signifique derribar este intento de colocar la agenda social en el centro de las cuentas públicas. El reto está servido.