La quiebra de Thomas Cook, después de que el Gobierno británico decidiera no rescatar al que fue el primer turoperador de la historia, es todo un símbolo de cuánto están cambiando tanto la industria aérea como el sector turístico. Canarias ha sido el destino español en el que más ha impactado la bancarrota de la compañía multinacional. Por diversas razones. En primer lugar, por el altísimo grado de fidelidad del turista proveniente de Reino Unido, que representa un tercio de los visitantes que reciben las Islas al año y que viajaba en su mayoría en los aviones de Thomas Cook.

Canarias sigue siendo además un destino aún muy dependiente de los turistas, ya que hasta un 70% de quienes visitan las Islas lo sigue haciendo a través de estos grandes turoperadores frente al 30% restante que contrata directamente su viaje en internet. Por último, y a diferencia de los empresarios mallorquines, los inversores canarios no han logrado llevar a buen puerto su aspiración de crear una aerolínea canaria, o al menos participar en alguna con capacidad de decisión.

Es por tanto comprensible la reacción y conmoción que ha provocado la quiebra en Canarias, con unas consecuencias aún difíciles de medir y cuantificar. Las pérdidas serán significativas sobre todo para aquellos hoteleros medianos que tenían contratos de exclusividad con Thomas Cook; pero también tendrá consecuencias para el sector turístico en su conjunto. De ahí que lo primero que haya que valorar es el alto nivel de coordinación que se ha producido tanto entre las distintas administraciones como entre los sectores públicos y privados, que han ido de la mano para plantear al Gobierno central medidas urgentes y un plan de choque para paliar los efectos de la pérdida de aviones de un día para otro.

La operación rescate de los 35.000 británicos que quedaron 'atrapados' en las Islas (de los 600.000 que en esos momentos se encontraban en destinos de todo el mundo) se está llevando a cabo con celeridad y sin graves incidentes. Pero el vacío de rutas y plazas aéreas que ha dejado la retirada de Thomas Cook del mercado de un día para otro, y justo en el momento en que está a punto de arrancar la temporada alta, es un descosido tan importante que obliga a una seria y serena reflexión sobre la conectividad de Canarias.

La mayoría de las medidas que se apuntan y se exigen están dirigidas a paliar la pérdida de conexiones, que son vitales para el futuro del sector turístico: bajada de tasas aéreas, reducción de impuestos a los carburantes, estímulos para la implantación de nuevas compañías aéreas, impulso a la quinta libertad o el aplazamiento en los pagos a la Seguridad Social. Y requieren, en definitiva, una redefinición de la actual política aeroportuaria de AENA.

Canarias lleva muchos años exigiendo que se tenga en cuenta sus singularidades como espacio aéreo diferenciado que es; que se le permita participar en la toma de decisiones a la hora de planificar rutas y establecer las tarifas aéreas; y que se reinviertan en sus aeropuertos los beneficios que deja el conjunto de la red de aeródromos canarios. El propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hacía referencia estos días a la ampliación de competencias en esta materia, reconocidas en el nuevo Estatuto de Autonomía, y aún por desarrollar.

La quiebra de Thomas Cook se veía venir y no se previeron medidas para evitar sus consecuencias. Ahora toca sacar conclusiones y, tras las medidas de choque, planificar a medio y largo plazo para que la conexión de Canarias con el resto del mundo no quede a expensas de la mayor o menor sensibilidad de los gestores aeroportuarios de turno. Ofrece, en definitiva, una oportunidad histórica para que el Gobierno de Canarias exija, sin gritar, pero alto y claro, que se desbloqueen de una vez por todas las trabas centralizadoras que impiden a las Islas convertirse en un nodo de redistribución de pasajeros y mercancías. Y al Gobierno central de demostrar que es consciente del papel que las Islas pueden y deben jugar en este espacio geográfico como plataforma logística atlántica.