La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las profesiones relacionadas con el sector servicios, por el estrecho contacto que mantienen con usuarios y clientes, tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones o actos de violencia por parte de los ciudadanos. Además, define violencia laboral como "toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante la cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma". Y las agresiones a médicos se considera "atentado a la autoridad" tanto si se producen en el hospital o el centro de salud, como en el desempeño de sus funciones fuera de él. Así lo recogen varios fallos judiciales que entienden que la agresión como consecuencia del trabajo como facultativo de la víctima fuera del hospital es atentado.
Para ayudar a dichos profesionales se ha creado la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, esto es, expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil serán la vía de comunicación con los responsables de los centros sanitarios para hacer frente a las agresiones a los profesionales sanitarios. Esta es una de las medidas incluidas en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) a adoptar frente a esas agresiones. Ello supone que la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la lacra de las agresiones a sanitarios pretende, además de dotar de mayor amparo a los profesionales, ser una herramienta disuasoria ante el posible agresor, ya que este debe saber que tanto Policía como Guardia Civil pueden estar al tanto de la situación.
El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace ocho años, ha dado a conocer los datos de violencia contra sanitarios registrados en 2018. Se han contabilizado 332 casos frente a los 495 del año anterior, lo que supone un moderado descenso en las conductas violentas, si bien el colectivo profesional reconoce que las denuncias son solo la punta del iceberg en una realidad que va mucho más allá. En Canarias se registraron 300 agresiones a personal sanitario en 2017 con manifestaciones como sé quién eres; conozco a tu familia; cuando salgas te estoy esperando? y otras tantas que en la mayoría de los casos no llegan a los tribunales.
Los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas se han lanzado a elaborar protocolos frente a las agresiones a su personal que abarquen los aspectos preventivos del fenómeno y también ayuden a clarificar cómo debe reaccionar el personal ante las situaciones de violencia para evitarlas o, si ello no ha sido posible, qué deben hacer para minimizar su impacto, cómo declararlas, cómo actuar legalmente y quién debe hacerlo y cómo se debe de dejar constancia de que se ha producido la agresión. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en virtud de lo establecido tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el Estatuto Marco del Personal Estatutario, existe elaborado un plan de actuación para que las situaciones de agresión a los profesionales sanitarios dejen de ser un problema emergente y puedan reconducirse a través del diálogo y la información. Un sistema de prevención, protección y actuación que permita optimizar la utilización de los recursos técnicos y humanos disponibles. Su finalidad es prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios, controlando con rapidez cualquier situación de violencia, peligro o emergencia y minimizando sus consecuencias, para garantizar la continuidad de la actividad del centro y fomentar una cultura de seguridad y prevención entre los profesionales sanitarios.
Los profesionales sanitarios deben denunciar y no callar. Y a la hora de denunciar es fundamental la identificación del agresor y de los testigos; la descripción del episodio violento indicando día y hora, y en su caso, los antecedentes de situaciones tensas o agresiones contra el paciente. Igualmente la anotación detallada de las exploraciones, lesiones y tratamiento seguido.
En definitiva, la confianza el respeto y la tolerancia son valores indispensables para el ejercicio de una profesión. Y las administraciones públicas deben llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable
*Director de Munguía&Asociados
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