Canarias sigue necesitando de inversión para desarrollar plenamente su competitividad y garantía de crecimiento sostenible con empleo de calidad.

El hecho que las figuras tradicionales del REF, como la deducción de inversiones o la RIC esté infradotada por la disminución previa del beneficio empresarial, lastrado por las consecuencias y cambios de hábito económico y de consumo, exigen que el sector público siga creciendo en materia de inversión que, a su vez, redundará en un mejor clima de confianza empresarial, de empleo y familias.

Estas inversiones deben dinamizarse a través del propio presupuesto público, que debe alejarse del gasto corriente ineficiente que se convierte en permanente imponiendo un corsé de destrucción de empleo en épocas de crisis donde no se puede aligerar el gasto público más allá de la voluntad subjetiva de quien gestiona.

Canarias dispone de ingresos por impuestos propios, financiación autonómica, fondos europeos que, a su vez, debe repartir en la financiación insular y municipal, así como en inversión y gasto público sostenibles.

Todo ello enfocado a la capacidad de Canarias para alcanzar niveles de calidad internacional, sostenibilidad y capacidad de generar niveles de vida creciente para nuestras familias y empresas.

Las políticas necesarias para conseguir esta meta no pueden basarse únicamente en aumentar el gasto público mediante la recuperación de fondos estatales retenidos, incremento o aprobación de tasas o impuestos y reinversión de superávit.

Debe llevar aparejado un claro compromiso con la inversión productiva, la innovación y la modernización de infraestructuras que permitan que Canarias tenga una hoja de ruta para la sostenibilidad económica, el reforzamiento de la viabilidad del tejido empresarial y el empleo de calidad.

* Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria