El destino de todos aquellos que estudiamos el pasado no es otro que convertirnos en notas al pie de otros historiadores, presentes y futuros. Es nuestra condena, pero también nuestra bendición: es la constatación de que esta vocación, en el mejor de los casos convertida también en profesión, no es ese esfuerzo rabiosamente individual que parece en ocasiones, sino un empeño colectivo en el que construimos entre todos ese mapa del pasado al que llamamos Historia. El nombre de Juan Antonio Ríos Carratalá aparece en infinidad de notas al pie de muchos libros y artículos, siempre aportando valiosos matices, ideas seminales que enriquecen las reflexiones de otros investigadores. Pese ser un autor sobradamente contrastado, Ríos Carratalá se ha visto envuelto en una inesperada controversia. Resumamos: el hijo de Antonio Luis Baena Tocón, un alférez que ejerció de secretario en el consejo de guerra contra el poeta Miguel Hernández, solicitó a la Universidad de Alicante, amparándose en la Ley de Protección de Datos Personales, que las referencias a su progenitor fuesen suprimidas de los artículos de Ríos Carratalá. Una pretensión asumida y ejecutada por la Universidad sin atender a los argumentos del catedrático, que esgrimía que esos datos (apenas el nombre y el cargo que ostentó Baena en el proceso contra el poeta) eran de carácter público y su reproducción estaba amparada por la legislación al estar integrada en una investigación de carácter histórico. En vista del resultado del proceso administrativo, podría pensarse que el hijo del alférez presentó sólidos argumentos que pusiesen en tela de juicio la veracidad de los datos aportados por Ríos Carratalá, o que el catedrático hubiese ofrecido un retrato errado de esa persona en esos artículos o en el libro Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, publicado en 2015. Pero no es el caso. La decisión de la Universidad parece motivada no tanto por el peso de los argumentos como por el temor a un posterior proceso judicial. Llegados a este punto, sería un error centrarse en lo concreto de este caso o limitar la reflexión a una reivindicación del trabajo de Ríos Carratalá que, en todo caso, no precisa: sus obras se defienden por sí mismas. Lo realmente grave, lo que debería preocuparnos, es la actuación de una institución universitaria que no ha dudado en echar a los pies de los caballos a uno de sus profesionales, nada menos que a un catedrático, para satisfacer los intereses personales de un particular. Lo que deja entrever esta decisión es, una vez más, el prejuicio de ciertos sectores académicos en relación a las Ciencias Humanas. Resulta evidente que la Universidad de Alicante no hubiera obligado a un matemático, a un físico o a un economista a cambiar dato alguno de sus artículos de haberlo requerido una persona externa a la entidad. Pero a la hora de hablar de las Humanidades, y más aún al tratarse de estudios históricos, algunas instituciones, determinados poderes, aún consideran que los investigadores debemos estar tutelados para no salirnos de ese camino de baldosas amarillas que atraviesa el pasado, esquivando las numerosas depresiones del terreno. De todas las reflexiones que se han hecho sobre el oficio del historiador, siempre me ha resultado especialmente atractiva la alusión metafórica que el novelista Orson Scott Card trazaba con los portavoces de los muertos que incluye en la saga de Ender. Eso somos, precisamente, todos aquellos que nos dedicamos a estudiar el pasado: la voz de los muertos, las personas que hablan por todos aquellos que ya no pueden hacerlo por sí mismos. Al dedicarnos a esta labor, hemos suscrito un triple compromiso: con las personas a las que estudiamos, en el sentido de ofrecer un retrato veraz de sus actos y sus circunstancias; con todos aquellos lectores, académicos o no, que se adentren en nuestros estudios, a los que debemos un mínimo de rigor; y con nuestra propia conciencia. Juan Antonio Ríos Carratalá ha sido fiel a ese triple compromiso, pero los rectores de la Universidad de Alicante no han sido consecuentes con el que tendría que regir sus actos: el compromiso de velar por el saber y de proteger, de ataques externos y arbitrarios, a todos aquellos profesionales que trabajan bajo su amparo. Su actuación es injustificable, y solo una reparación inmediata, que pasase por rectificar la mutilación de los artículos de Ríos Carratalá y por la asunción de responsabilidades por parte de los responsables dentro de la institución (con el rector a la cabeza), podría mitigar el daño que esta decisión ha hecho a la propia Universidad de Alicante y al estudio de la Historia.