Seriamente: no se ha evaluado todavía, global y sistemáticamente, el impacto de la crisis económica española y mundial en Canarias, evidentemente no superada del todo. Pueden consultarse datos, artículos, intervenciones políticas, informes de coyuntura de patronales y sindicatos, algunas monografías e incluso un par de libros, pero nada más. Para informarse al respecto lo peor es escuchar a los representantes políticos y (algo que se me antoja particularmente lamentable) cuanto más a la izquierda se sitúan, más estupideces profieren sin el más mínimo recato. Deberíamos empezar por admitir que Canarias -por ejemplo- no es un país muy rico. Nunca lo fue. No me refiero a la distribución de la renta, sino a la capacidad misma de acumulación capitalista de las élites empresariales isleñas hasta anteayer. La oligarquía isleña no entró en la industria turística local -salvo contadas excepciones- en los años setenta y ochenta por miopía estupidez conformista y mentalidad rentista, pero también por disponer de un músculo financiero modesto, insuficiente. En la actualidad se registran en las ínsulas baratarias una decena de grandes fortunas, una clase media sumamente modesta -excluidos los funcionarios, pobres en excedencia, como diría Esteban Hernández- y un muy amplio ejército laboral de reserva con salarios bajos y sometidos a una fuerte precarización, como ocurre por otro lado en el resto del país. Se ha conseguido algo sorprendente reduciendo en cerca de 13 puntos porcentuales la tasa de desempleo en cuatro años y, aun así, se bordea el 20% de la población activa en paro. Lo que realmente urge es que las fuerzas políticas y los agentes sociales coincidan en un diagnóstico compartido y se consensue una estrategia básica: la pobreza estructural no desaparecerá pagando 600 euros mensuales a las 30.000 familias canarias más necesitadas -a un coste presupuestario de 216 millones de euros anuales- ni el desempleo con la milagrosa instalación de empresas de energías alternativas o TICs, que generan empleos generalmente bien pagados, pero muy limitados.
La matriz de los problemas para el desarrollo económico y social de Canarias tiene un carácter estructural. Por eso mismo son imprescindibles estrategias estructurantes bajo una prudencia esencial: lo que debe combatirse prioritariamente son los factores que fragilizan el modelo de crecimiento económico de Canarias y conspiran contra su insuficiente cohesión social. La respuesta política a la crisis económica se centró en una feroz austeridad presupuestaria con el objetivo central de una devaluación interna: ajuste a la baja de los salarios, estímulos a la competitividad y reducción planificada de los déficits. Canarias no sostiene por sus propios medios financieros su (modesto) Estado de bienestar y se encontró a partir de 2009 con sucesivos hachazos presupuestarios en sanidad y educación y con la congelación de las pensiones con un dato añadido: en los diez años anteriores su población se había incrementado en más de 430.000 personas, que se integraron automática (y felizmente) en el sistema sanitario público, por ejemplo. Olvidar los efectos sistémicos de la crisis y las políticas presupuestarias y fiscales impuestas desde Bruselas y Madrid, obsesionarse por repetir viejos éxitos económicos -la fascinación por la construcción o confiar en la economía onírica de grandes transformaciones "Esto puede ser California" o "Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables"- nos va a llevar sino a otra dolorosa frustración.
