Que feo es eso de predicar y no dar ejemplo. El Gobierno elevó el Salario Mínimo Interprofesional a novecientos euros, lo que obliga a todas las empresas, pero no a la propia administración. Resulta que en los concursos de servicios públicos ya adjudicados, las empresas privadas que se presentaron ven aumentar sus costes laborales por el incremento salarial sobrevenido. Y han pedido que se revisen las condiciones económicas de la licitación, al aumentar sus costes laborales y para restablecer el equilibrio financiero del acuerdo suscrito. O sea, que la administración pague más. Pero la Abogacía del Estado les dice que si quieres arroz Catalina. Que el aumento se lo tienen que comer ellos y que las administraciones se lavan las manos. Como siempre, las reglas del juego son muy distintas según quien sea el jugador. En la vida real, como en los casinos, siempre gana la casa. O sea, el Estado.
