Los 1.000 días en funciones se van a convertir en 2.000. Salvo sorpresa, salvo un giro imprevisto de los acontecimientos, el Gobierno y el PP van a dejar sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante toda la legislatura. A dos meses de que se cumpla su ecuador, nada, absolutamente nada, indica que el desbloqueo se vaya a producir.

La convicción es tal que el líder de los populares, Pablo Casado, ofreció este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, poner los esfuerzos en la renovación de los otros tres órganos constitucionales con sus plazos y mandatos ya caducados: el Tribunal Constitucional (el cupo de cuatro magistrados cuya reestructuración corresponde al Congreso), el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. La propuesta pilló con el pie cambiado al mandatario socialista, pues no aludió a la invitación en la réplica de la sesión de control de la Cámara Baja. Tuvo que salir el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, unos minutos más tarde a dejar claro que por el Ejecutivo no será. Las conversaciones se reanudaron en el acto y este mismo miércoles se retomaron los contactos del propio Bolaños con el número dos del PP, Teodoro García Egea. Habrá más.

En la dirección nacional del PP estaban muy satisfechos. La idea cocinada por Casado y su equipo ha propiciado un viraje estratégico en el que el Gobierno se ha visto obligado a participar. Fue un ardid inesperado porque, como señalan a El Periódico de España fuentes del Gobierno y del Partido Popular, no se ha producido durante estos últimos días ningún tanteo, ninguna maniobra de aproximación, ninguna conversación preparatoria entre Moncloa y Génova. Nada. Nada que llevara a Casado a sentarse con su gabinete y avanzar sus planes y decirles: "En el Congreso lo soltaré".

Todo empezó con Bolaños y Gamarra

Fuentes al tanto de las infructuosas negociaciones que el Gobierno y el PP han mantenido desde que se inició la legislatura cuentan que la certeza de que el CGPJ se quedará sin renovar hasta 2024 cristalizó el pasado 21 de septiembre, el día en que se reunieron en el Congreso el ministro Félix Bolaños y la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra. La diputada por La Rioja, por cierto, se ha convertido en una actriz destacada de esta película de renovaciones institucionales, ya que defenderá la posición del PP en los cara a cara con el Ejecutivo junto al secretario general de su partido, el ya mencionado Teodoro García Egea.

Durante la reunión, ambas partes constataron que desatascar el Consejo General del Poder Judicial es poco menos que imposible. Gamarra lo intentó con el pretexto de la proposición de ley que unas horas más tarde debatiría el pleno del Congreso para decidir si la admitía a trámite. Planteó, siempre según estas fuentes, que el PSOE favoreciera la toma en consideración de la propuesta. En el PP, por aquel entonces, argumentaban que el contenido de la iniciativa no tenía por qué incomodar a los socialistas, en especial por la disposición transitoria primera. Asimismo, en el PSOE se mostraron dispuestos a pactar la siguiente secuencia: primero pactemos la recomposición; luego, pactemos la ley. Era también la posición de Jueces para la Democracia.

Pero el grupo socialista, junto a sus aliados parlamentarios, y así hasta un total de 190 diputados, se negó esa tarde a tramitar la proposición de ley del PP. La posición se la adelantó Bolaños a sus interlocutores del Partido Popular. Los allí presentes intercambiaron opiniones y se repartieron las culpas, y todos salieron con la impresión de que el órgano de gobierno de los jueces estaría casi 1.000 días más sin renovar.

La formación de Casado, esa tarde, después de la votación del Congreso, cerró la carpeta del CGPJ y la guardó en un cajón. El líder, este miércoles, dos semanas después, ha preferido no reabrir el asunto, sabedor de que las posiciones, por ahora, son irreconciliables. Él quiere que los jueces elijan a los jueces. El PSOE no lo tiene tan claro.

Avances y atascos

Tampoco en el Gobierno se nota mucha voluntad. Más bien no se nota nada. No cuajaron los apercibimientos del presidente del órgano rector de los jueces, Carlos Lesmes, quien en la apertura del año judicial, en presencia del rey, desplegó un rapapolvo en toda regla. Además, como el CGPJ no puede ahora hacer nombramientos en virtud de la proposición del PSOE y de Unidas Podemos para limitar esta potestad cuando el órgano esté en funciones, el estancamiento y la parálisis son evidentes.

Hubo ocasiones en las que el Gobierno y el PP estuvieron a punto a lograrlo. El responsable de Justicia de los populares, Enrique López, y el entonces ministro del ramo, Juan Carlos Campo, casi lo consiguieron. La irrupción del juez José Ricardo de Prada y de la jueza Victoria Rosell en la lista de candidatos a vocales generó una tormenta que aún continúa. Tampoco han servido de mucho los llamamientos procedentes de la UE, uno de ellos consecuencia de las reuniones por separado que tuvieron en Bruselas las asociaciones judiciales con el comisario del ámbito.

Los veinte vocales del CGPJ siguen en sus puestos, por tanto, y seguirán dos años más. La última renovación se produjo en 2013. Lesmes va a estar de presidente, si no dimite, once años como poco. No hay precedentes.

Cambiar la composición del Tribunal de Cuentas (12 vocales) tampoco se prevé fácil, pero el ambiente que rodea a este órgano no huele tan mal. Pasa algo similar con el Defensor del Pueblo, cargo para el que se especuló con Ángel Gabilondo hasta que la convocatoria de las elecciones del 4 de mayo le apearon de las hipótesis. Sí merece un circuito propio la renovación de ese cupo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Congreso. Tribunal, cabe recordar, que ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por el Gobierno en todo el país.

Todos estos acuerdos necesitan una mayoría de 210 diputados. La aritmética parlamentaria actual sólo es factible a partir de la alianza entre PSOE y PP (208 escaños entre los dos). En eso están.