Alegría tiende la mano a los grupos para lograr consensos: "Busquemos lo que nos une"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha reconocido que la nueva Ley educativa (LOMLOE o Ley Celaá), aprobada en diciembre de 2020, no es vista "con buenos ojos" por algunos partidos políticos, pero se ha mostrado "optimista" a la hora de lograr acuerdos en materia educativa para el desarrollo de dicha Ley.

"Dejemos a un lado titulares huecos, tuits cargados de malas noticias, busquemos lo que nos une y alejemos lo que nos distancia", ha apelado a los diputados.

Alegría ha comparecido este miércoles en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso para explicar las líneas generales de las políticas que llevará a cabo su Ministerio en la legislatura.

Durante su intervención, Alegría ha reconocido la existencia de "diferencias" en varios de los temas planteados por los portavoces de los grupos parlamentarios durante la Comisión, pero ha agradecido el tono "amable" con el que han expresado sus ideas.

"Cuando yo apelo al consenso, cuando apelo al diálogo, cuando apelo al trabajo consensuado con todos los que conforman la comunidad educativa, no lo hago por ninguna cuestión de buenismo, lo hago por una cuestión de creencia absoluta y, sobre todo, de responsabilidad con mi país y con la educación de mi país", se ha defendido.

Así, ha asegurado sentirse "optimista" con las intervenciones, pese a las "divergencias en alguno de los puntos", porque dice que ha "vislumbrado un pequeño mensaje de la posibilidad de llegar a consensos en materia educativa". "Creo que ese es el camino", ha incidido.

"Este país es un país con una pluralidad y una diversidad que está reflejada en este Parlamento, pero también en las distintas comunidades autónomas. Y mejorar la educación de nuestro país significa reconocer las diferencias, pero no ponerlas como obstáculo para poder llegar a acuerdos", ha insistido.

Castellano y concertada

Alegría ha respondido así tras las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes han sacado a debate algunos de los temas más polémicos de la LOMLOE, sobre todo la enseñanza en castellano y la educación concertada.

El popular Óscar Clavell ha preguntado a la ministra si va a "seguir atentando contra el castellano" como lengua vehicular en la enseñanza al no garantizar su presencia en las aulas, tal y como señalan las sentencias del TSJC. "¿Va a obedecerlas o se va a tirar a los brazos, o mejor dicho, a los pies de sus socios independentistas para que pisoteen la dignidad del Ministerio que usted preside?", ha lanzado.

También la diputada de Cs, Sara Giménez, ha recordado este asunto. "El problema es que el TSJC ha sido claro en esta materia, el uso del español en Cataluña es residual y por eso me gustaría saber cuál va a ser su esfuerzo e impacto para que esto se cumpla", le ha solicitado.

También desde Vox, Georgina Trías, ha pedido a la ministra que se ocupe de la "imposibilidad" que tienen "muchas" familias de escolarizar a sus hijos en español en todo el territorio, especialmente en Cataluña, y ha criticado que la LOMLOE prevea "la desaparición progresiva de los centros de Educación Especial, de la educación concertada y de la diferenciada". "Y lo hacen porque la escuela pública estatal es para ustedes herramienta de imposición ideológica", ha añadido.

Desde Unidas Podemos, Joan Mena ha planteado a la ministra la bajada de las ratios, criticando a las administraciones educativas 'populares' como la de Madrid, Andalucía o Murcia, que a su juicio, "han aprovechado la vuelta a una cierta normalidad para despedir a profesores y volver a unas ratios que ni sanitaria ni pedagógicamente son adecuadas".

Y la socialista Mari Luz Martínez Seijo, ha reprochado a la oposición la "versión catastrofista" en sus discursos, criticándoles la falta de "elegancia parlamentaria". "No se han dado ni 100 días de tregua para dar un discurso positivo orientado a ese consenso y bajar los decibelios", ha dicho, que ha criticado a la derecha de "deconstruir" la educación española.

Por su parte, los diputados del PDeCAT y ERC, Sergi Miquel i Valentí y Montserrat Bassa, respectivamente, han defendido la ley educativa catalana, así como el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. En la misma línea se han pronunciado las diputadas del PNV y EH Bildu, Josune Gorospe y Isabel Pozueta, respectivamente.