La clase política también fue objeto de las protestas por el hastío de la crisis socioeconómica. La desafección hacia los representantes públicos, vinculada a los recortes que se aplican y a la corrupción, deriva en proclamas virales como No les votes, No hay pan para tanto chorizo o ¡Que no, que no, que no nos representan!.

Los indignados exigen la eliminación de los privilegios de los políticos, que las listas electorales estén libres de imputados, la transparencia en las cuentas y la financiación de los partidos, así como de los representantes electos, y el fin de la inmunidad asociada al cargo.

En 2011, el caso Gürtel ya estaba en el orden del día, pero todavía quedaba manta de la que tirar hasta la condena al PP por beneficiarse de una trama corrupta en el 2018. Los manifestantes exigían una década atrás la dimisión de Mariano Rajoy y pedían explicaciones al Gobierno por la implicación del PP en tramas bajo la lupa judicial. Años después se conocería el caso Púnica, sobre el cobro de comisiones por adjudicaciones en administraciones controladas por los populares.

En Catalunya, el caso Palau acaparaba los focos mediáticos y planeaban las sospechas sobre el caso 3%, pero no se conocía todavía hasta dónde llegaba la implicación de Convergència ni tampoco las raíces del caso Pujol.Si bien es cierto que los portales de transparencia de las instituciones del Estado se han modernizado y adaptado a la digitalización desde 2013, cuando Rajoy puso en marcha una ley específica, siguen dificultando el acceso a la información y queda mucho camino por recorrer para facilitar a la ciudadanía estas herramientas, que suelen estar llenas de baches burocráticos que complican el acceso a los datos abiertos, como señalan los expertos.

Durante la movilización hubo un caso de corrupción especialmente polémico porque salpicaba a la Monarquía: el caso Nóos, que arrancó en 2010 cuando el juez indagó en las maniobras del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarín, el yerno del entonces rey de España, Juan Carlos I: Urdangarín fue condenado a cinco años y diez meses de prisión: cumple condena en la cárcel de Brieva (Ávila).