Hay un término que desde hace diez meses ha cobrado un protagonismo especial: la responsabilidad individual. Es el nuevo mantra repetido insistentemente por los políticos para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir las normas y así poder evitar contagios. El problema viene cuando son los propios dirigentes políticos quienes se saltan las medidas para tratar de frenar la pandemia. Ya sea por desconocimiento o por irresponsabilidad, y en bastantes casos sólo por hacerse una foto, son muchos los alcaldes, diputados y concejales que no están cumpliendo a rajatabla las restricciones. Y ahora, en pleno repunte de contagios, predicar con el ejemplo es más importante que nunca. La vacunación de diferentes alcaldes de la provincia, tanto del PP como del PSPV, ha dejado al descubierto otro de los graves incumplimientos que éstos están cometiendo al visitar centros de personas mayores sin autorización. El Consell ha decidido atajar esta práctica de raíz y ayer vetó la presencia de cargos públicos en las residencias.

La Conselleria de Igualdad ha abierto una investigación por la entrada del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, a un centro de personas mayores. Pero no es el único. También el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano, lo hizo para ponerse una de las dosis sobrantes.

Más allá de la vacunación a grupos que no son prioritarios y que ya están siendo investigados, el Consell ha tomado las riendas y ha anunciado que estudiará, además, todos aquellos casos de alcaldes y concejales que han accedido a geriátricos o centros para personas con discapacidad. Ayer, el departamento que dirige Mónica Oltra mandó una circular, tanto a los regidores como a los directores de los centros, para dejar claro que el acceso está limitado y que, por lo tanto, no se puede entrar, salvo por causas justificadas. Hacerse una foto con la vacuna no es una de ellas.

El objetivo es obvio: hay que evitar un posible brote entre los usuarios. El incumplimiento del régimen de visitas está tipificado como sanción grave y puede acarrear hasta 30.000 euros de multa. La Conselleria no está dispuesta a dejar pasar este hecho e insiste en que todos los cargos públicos deben tener claro que las visitas están restringidas y que los propios familiares deben pasar un exhaustivo protocolo de seguridad e higiene. La medida también se extiende a los hospitales, donde están prohibidas las entradas, salvo causas justificadas. "Entrar al centro sin formar parte de uno de los colectivos autorizados pone en riesgo la salud y la vida de personas de gran fragilidad y vulnerabilidad", asegura Mónica Oltra en la circular remitida a los ayuntamientos. La Conselleria insiste en la importancia de ser responsables y tener sentido común para evitar el contacto con los residentes y también con los sanitarios que están cerca de ellos. Añaden que ni tan siquiera la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha entrado al interior de una residencia a lo largo de toda la pandemia.

La expectación por la llegada de las vacunas provocó que numerosos alcaldes y concejales acudieran a residencias y centros saltándose el protocolo. Algunos alegan desconocimiento y otros coinciden en el argumento de que Salud Pública los avisó. Las vacunaciones de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, matrimonio y del PSPV, dio la voz de alarma. Tras ellos, se conoció que también el alcalde de La Nucía había recibido la dosis, al igual que el concejal de Sanidad de Orihuela. La mayoría acudieron a geriátricos y lo hicieron público a través de las redes sociales. La alcaldesa de Petrer y diputada provincial socialista, Irene Navarro, acudió al centro para personas con discapacidad Cocemfe el pasado día 8 de enero. Accedió por una entrada auxiliar y no tuvo contacto con los usuarios, aunque sí estuvo cerca de los sanitarios que los atienden. "No tenía constancia de que no se podía ir. Si lo hubiese sabido, por supuesto, que no hubiera ido y, de hecho, los propios responsables de vacunación no eran conscientes", aseguró Irene Navarro argumentando que cumplió el protocolo de control de temperatura, higienización y distancia. La alcaldesa quiso dejar claro que no se ha vacunado y que "quien lo ha haya hecho debe asumir responsabilidades".

El mismo día 8 de enero también acudieron a una residencia de mayores las concejalas de Sanidad, Servicios Sociales y Tercera Edad (del PP) de Calp. Ana Isabel Perles, Noelia Císcar y Rebeca Merchán entraron al centro a ver cómo se administraban las primeras vacunas. "Nos avisaron de Salud Pública y el propio personal nos dijo que entráramos. Fui yo y otras dos compañeras más", aseguró. El Consell ha informado de que estudiará todos estos casos.

El PP denuncia la falta de protocolo de Sanidad sobre las dosis sobrantes

El PP ha denunciado la falta de planificación de la Conselleria de Sanidad a la hora de anunciar un protocolo que establezca qué hacer con las vacunas sobrantes. La orden es que no se tire ni una sola dosis. Tras la vacunación de varios alcaldes y concejales del PP y del PSPV, el portavoz de Sanidad del grupo popular en la Cortes, José Juan Zaplana, explicó a este medio que la estrategia de vacunación no ha precisado con claridad qué ocurre en estos casos. "En cada centro sobran excedentes y a los sanitarios no se les ha dicho a quién se les debe dar o a quién no, por lo que han vacunado al primero que pasaba por no perderlos". Zaplana ha querido dejar claro que él no se hubiera vacunado, pero a su vez ha insistido en denunciar los fallos que existen en el protocolo. "Es Salud Pública la que ha llamado a los alcaldes para pedírselo. El fallo está en la aplicación de los protocolos y en la falta de coordinación dentro de la propia Conselleria de Sanidad, donde están los puñales cargados entre los cargos del PSPV y Compromís", añadió.