La plataforma de afectados por el volcán de La Palma reclama al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pago de los 30.000 euros comprometidos para quienes habían perdido su casa coincidiendo con la celebración de una Comisión Mixta y la Conferencia de Presidentes en la Isla el pasado mes de marzo.
El presidente de este colectivo de afectados, Juan Fernando Pérez, apunta a que fue el 12 de marzo cuando en comparecencia pública Torres anunció la aportación de 30.000 euros más para los que han perdido una vivienda, cifra que complementa el Cabildo palmero con otros 10.000 euros que, junto a los 60.000 del Gobierno central, elevan el total a 100.000, «muy superiores a los 15.000 previstos inicialmente», añadió.
Sin embargo, denuncia, han transcurrido ya más de dos meses y esa ayuda de 30.000 euros del Gobierno de Canarias «es un mero deseo y no es una realidad ya que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias y tampoco se sabe cuáles son los criterios y requisitos para la misma», señala Pérez. Además, reclama que «todavía hay 300 personas en hoteles, gente mayor que siguen desubicadas, y eso se está eternizando», apostillando también que «hay gente en salones parroquiales hacinadas y tampoco eso parece muy humano».
Sobre las llegadas de ayudas, indicó que lo hacen «gotita a gotita», lamentando tener la sensación de que «es para mantenernos callados hasta el mes de diciembre, periodo preelectoral en el que cuando ya estemos agotados nos vendrán a resolver los problemas». Por todo ello, Juan Fernando Pérez considera que «hay gente sufriendo y hay situaciones que no se pueden permitir en el siglo XXI», exponiendo que actualmente los afectados se encuentran en una «situación de incertidumbre» debido a que la ayuda de 60.000 euros «no ha sido abonada a todos los afectados a pesar de que han transcurrido nueve meses desde la erupción».
Pérez también expone que, aunque el Cabildo de La Palma ha comenzado a abonar la ayuda de 10.000 euros a los afectados, «faltan muchos» por percibir la misma, a lo que se agrega que la ayuda de enseres del Gobierno de Canarias de 10.000 euros «tampoco ha sido abonada a todos» los afectados, sino «solo» a los que se les ha entregado una vivienda social en régimen de arrendamiento, indica el denunciante.
Ayuda al Diputado del Común
Otra de las plataformas, la asociación social de afectados, acudió a la Diputación del Común para denunciar su exclusión en la toma de decisiones que tratarán los efectos creados por la erupción, denunciando que «la administración pretende llevar a cabo un cambio de modelo económico de la Isla sin consultar primero a la población». El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, mantuvieron un encuentro con estos representantes vecinales, donde se informó sobre la situación en la que se encuentran las personas afectadas. Allí, estos afectados reclamaron que «desde que explotó el volcán, no se ha contado con nosotros», obteniendo silencio en su petición de participación.
