El Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitió a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los funcionarios de la sede de la Institución del Diputado del Común en La Palma reclamando el impago de la indemnización por residencia en isla menor o no capitalina que se calcula según su antigüedad.
Estos funcionarios se han vistos obligados a recurrir a la justicia tras la negativa de la Mesa del Parlamento a estudiar estos casos de trabajadores. El representante legal de los funcionarios lamentó que durante dos años no se hayan atendido las reclamaciones de estos empleados públicos, lo que, a su juicio, “evidencia el grave cuestionamiento a la credibilidad de la Institución defensora del ciudadano frente a la Administración Pública”. Además, el letrado aseguró que “no existe acuerdo de la Mesa del Parlamento tal y como afirma el alto comisionado, negando el derecho de estos funcionarios”.
