La justicia anuló la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cabildo de La Palma, tras la reclamación de un sindicato, lo que supone la cancelación de todos los cambios laborales realizados por la Institución palmera desde mayo de 2019, cuando se aprobó la RPT, incluyendo las variaciones de designación de puesto del personal funcionario. La actual consejera insular de Personal, Nayra Castro, reconoce que esa RPT fue elaborada bajo una "mala praxis política".
Este tropiezo administrativo obliga al Cabildo palmero a modificar los acuerdos de los cambios de personal en cada unidad administrativa y devolver a cada trabajador a su sitio de origen, entre otras cuestiones de organización interna del personal.
La corporación no se plantea presentar ningún recurso a la disposición judicial, por lo que trabaja ya en la resolución de las irregularidades puestas ahora al descubierto en la elaboración de este importante documento administrativo que rige el catálogo de personal de la primera institución palmera.
Esta decisión afecta a una gran cantidad de personal funcionario y laboral entre los más de mil trabajadores del Cabildo de La Palma, que en algún momento de este último año habían cambiado su destino y que ahora están regresando a sus puestos anteriores.
Castro defiende que el grupo de gobierno insular impulsa, desde su toma de posesión, "un nuevo y decidido rumbo político en el seno de la administración en el ámbito de una de sus competencias", como es la de los Recursos Humanos. En este sentido, asegura que la sentencia judicial que obliga a una revisión de la modificación de la RPT está en consonancia con el hecho de que "se deben emprender nuevas vías para dotar a este servicio del Cabildo palmero de un funcionamiento técnico acorde con la importancia de este ámbito y que supongan que se trabaje con máxima rigurosidad y transparencia".
Castro considera que esta resolución judicial de la RPT es "una llamada de atención sobre la mala praxis política anterior, que evidencia una clara falta de negociación y diálogo e incide en la apuesta por una nueva línea de trabajo que no siga suponiendo varapalos judiciales para la primera institución insular. Pone en evidencia el trabajo mal hecho y ocasiona importantes trastornos tanto en el ámbito de la administración con en el personal afectado", lamenta.
La consejera agrega que se está llevando a cabo un importante trabajo para dar cumplimiento a los mandatos judiciales y sobre todo "se tomó nota para no volver a repetir" errores. Su apuesta pasa por trabajar conjuntamente de la mano de los sindicatos como representantes de los trabajadores en la búsqueda de los máximos consensos y las decisiones más eficientes posibles.
Más recursos del 1-1-2
El Cabildo de La Palma, a través de sus consejeras de Emergencias y Medio Ambiente, Nieves Rosa Arroyo y María Rodríguez Acosta, pidieron al director gerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), el también palmero Elías Castro, un refuerzo en los canales de comunicación existente entre ambas instituciones y una mayor presencia 1-1-2.
Además de abordar la coordinación entre instituciones, se puso sobre la mesa la necesidad de mejorar la activación de los recursos de emergencia en la Isla y poder incrementar la eficacia del servicio que se presta al ciudadano.
Durante el encuentro se repasó también el plan de medios técnicos y humanos para la campaña de verano ante incendios.
Las consejeras expresaron también su intención de elaborar un mapa de recursos de vigilancia y salvamento en las playas, junto a los ayuntamientos de la Isla.
