Las viviendas vacacionales se han ido extendiendo por el territorio insular de manera imparable. Desde los municipios más poblados (Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma) hasta los pueblos más rurales (Garafía, Puntagorda o Tijarafe), pasando por el resto de las catorce localidades, ninguna se escapa a esta moda, con un retraso considerable por falta de personal para certificar que lo que se ofrece a los visitantes cumple con unos requisitos mínimos de calidad.

Las autorizaciones para este tipo de casas o pisos convertidos en alojamientos turísticos son concedidas por el Cabildo de La Palma, que se ha visto desbordado. En la actualidad, más de 1.100 viviendas, según las cifras a las que ha tenido acceso esta redacción, se destinan a este negocio, lo que representan unas 4.000 camas, que se pueden encontrar para su alquiler en diferentes plataformas y a precios de lo más variado.

El número de camas en viviendas vacaciones representa en estos momentos cerca del 30% de la totalidad que se ofrecen en La Palma, una cifra que tiene una incidencia directa en el número de alojamientos y, por ende, en los precios del alquiler tradicional por meses o años.

Este tipo de inmuebles adaptados para el turismo se pueden poner en el mercado antes de que el técnico competente en la materia compruebe que efectivamente cumple con los estándares de calidad marcados por la normativa en vigor. Lo único que debe presentarse es una declaración responsable de inicio de actividad, donde el propietario, bajo su responsabilidad, confirma aspectos sobre requisitos funcionales de la vivienda, desde el diseño a dimensiones; equipamientos mínimos, que ciertamente son muy estrictos hasta el punto de que se exige iluminación para la lectura junto a cada cama, baños con secador o cocinas con horno o microondas; requisitos de seguridad y la obligación de exponer los precios por alojamiento.

Si lo que se pide se cumpliera, las viviendas vacacionales en su totalidad tendrían un nivel de calidad alto. Ahora bien, la tardanza en comprobar cada declaración responsable, que suelen rondar entre el año y el año y medio, dispara las dudas sobre que efectivamente esa calidad se está cumpliendo. Es más, es suficiente con acceder a fotografías de viviendas vacacionales que se ofertan en plataformas para comprobar fehacientemente que algunas de ellas no cumplen con la normativa, lo que acaba siendo perjudicial para el destino.

No es menos cierto que un número de viviendas pierde su condición de vacacional antes incluso de llegar a la revisión, al no poder completar la documentación que desde el área de Turismo se requiere. Otra cosa es determinar si aún así se mantienen dentro de las plataformas de alquiler y, con ello, recibiendo clientes.

A propósito, destacar que desde el sector turístico convencional se reclama de las instituciones un mayor control de esta oferta y, sobre todo, una regulación que sea más efectiva para evitar la competencia desleal.