El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, cobrará del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane como concejal de Hacienda hasta saber si los tribunales anulan al menos de forma provisional, en medidas cautelares, su expulsión del Partido Popular, producto del acuerdo con el Partido Socialista para censurar a la nacionalista Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) en la institución insular.
La intención del grupo municipal del PP era que Zapata asumiera sin sueldo la Tenencia de Alcaldía. A propósito, en la primera sesión celebrada para la distribución de áreas de gestión y remuneraciones, el presidente del Cabildo fue el único concejal popular sin salario. Hacienda quedó en aquellos momentos en manos de la alcaldesa, Noelia García.
La decisión de Génova de expulsar de forma inmediata a su candidato al Cabildo, dejándolo sin posibilidad de nómina como presidente, precipitó los acontecimientos en el Ayuntamiento. Apenas 24 horas antes de la sesión donde debía debatirse la censura contra Nieves Lady Barreto, Los Llanos de Aridane celebró un pleno urgente, con unos plazos tan ajustados que aún está por determinar si la convocatoria se ajustó o no a la legislación vigente, donde Mariano Hernández pasó a tener ingresos y Concejalía a su cargo.
El Comité de Derechos
La dirección nacional de los populares o, en su caso, el Comité de Derechos y Garantías, no perdió el tiempo a la hora de comunicar al Cabildo la exclusión de Zapata del PP, junto a los otros cinco consejeros que forman parte del grupo, pero, sin embargo, no remitió ni registró ningún aviso en el Ayuntamiento. El pasado jueves, la secretaria municipal aseguraba que hasta ese día no había llegado ningún documento que modificara la situación del primer teniente de alcalde. Ha sido la propia jurista la que se ha puesto en contacto con los conservadores para conocer en qué fecha se consumó la exclusión de su ahora ex militante. Este supuesto olvido ha abierto una incógnita sobre las intenciones reales que tiene el PP con sus consejeros.
La peculiaridad de Zapata
La peculiaridad en el caso de Zapata es exclusivamente la situación que vive en el Partido Popular, que ya de por sí no es poca. Como concejal percibe 2.800 euros netos al mes con 14 pagas, unos 700 euros mensualmente menos que si su situación como presidente se regularizara o incluso como consejero si hubiera aceptado el pacto con Coalición Canaria. Lo extraño es que desde Génova sí se advirtiera de la expulsión al Cabildo y no al Ayuntamiento.
Y es que el pertenecer a una institución, incluso a la Presidencia de una isla, y tener sueldo de otra administración no es una excepcionalidad o rareza. Al contrario, es bastante habitual y se produce básicamente por la duplicidad de cargos que deciden las propias formaciones políticas a la hora de elaborar sus diferentes candidaturas. En el caso de Hernández Zapata, se da la paradoja de percibir por obligación el salario de la corporación más 'pequeña', lo que lo convierte sin querer en el regidor insular menos costoso para los fondos públicos.
No hay que irse muy atrás en el tiempo, más bien todo lo contrario, para encontrar semejanzas en este sentido. La propia ex presidenta, Nieves Lady Barreto, era además diputada en el Parlamento de Canarias, por lo que se hubiera visto en la obligación de elegir entre los dos sueldos. Lo normal era quedarse con sus honorarios como diputada, más altos, y renunciar a la nómina del Cabildo. Lo mismo ocurrió con José Luis Perestelo mientras fue rector insular y, además, senador por la Isla.
Fuera de La Palma, el caso de Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo y diputado, en su momento también senador, es manifiesto y reiterado en más de una legislatura.
También ocurre lo mismo con alcaldes que son consejeros. En este mandato, José Adrián Hernández (PSOE), regidor de Puntallana y responsable insular de Agricultura. Más atrás en el tiempo, Jaime Sicilia fue el rector político de Breña Baja y dirigió Turismo. Deben elegir entre los dos sueldos. La diferencia de Mariano Hernández Zapata es que está sin partido en el Cabildo y en el Grupo Popular en Los Llanos de Aridane.
Los antecedentes judiciales, a favor de los expopulares
Los exconsejeros del Partido Popular están convencidos de que los tribunales acabarán declarando nula la expulsión emitida por Génova, por vulneración de derechos fundamentales, después de que la resolución emitida desde la capital de España se produjera antes de que llegaran las alegaciones. Esa circunstancia es clave a la hora de que Mariano Hernández y su grupo tengan salarios de la institución insular mientras están en el grupo de gobierno. El PP puede, en caso de medidas contrarias a su acuerdo, iniciar un expediente nuevo para validar las expulsiones, lo que ya no afectará a los sueldos al ser posterior al pleno de toma de posesión. Los antecedentes judiciales de casos similares en La Palma están a favor de los consejeros. El más evidente y que tanto se ha repetido en las últimas semanas es lo ocurrido con Anselmo Pestana y sus compañeros del PSOE en 2014. Sin embargo, también ocurrió un hecho similar a lo largo de la pasada legislatura. Fue cuando Podemos expulsó a su único representante, Dailos González, después de que despidiera a su personal supuestamente de confianza. Perdió su sueldo, pero recurrió y los tribunales en medidas cautelares anularon la exclusión por vulneración de derechos fundamentales al no ser tenidas en cuenta sus alegaciones.
