23 de mayo de 2019
23.05.2019
Santa Cruz

El Ayuntamiento debe pagar 60.000 euros a un policía por acoso laboral

El agente fue el que denunció la desaparición de multas y lleva tres años siendo objeto de persecución u hostigamiento, además de sufrir la apertura de varios expedientes disciplinarios

23.05.2019 | 06:05
El policía afectado denunció el acoso laboral en Alcaldía sin que sus reclamaciones fueran tenidas en cuenta.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma al pago de una indemnización de 60.000 euros a un policía local por los daños sufridas después de padecer acoso laboral durante al menos tres años, según se afirma en la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción.

El agente fue el responsable de denunciar la desaparición de multas de tráfico, además del uso de vales de combustible para vehículos municipales destinados a uso particular o la discriminación en el funcionamiento interno de la Policía Local. Sus actuaciones tuvieron consecuencias y en marzo de 2016 presentó un escrito dirigido a la Alcaldía solicitando amparo y protección ante el acoso laboral que estaba sufriendo, pidiendo apenas un mes después que se activara el protocolo contra este tipo de acciones.

El policía pidió al alcalde y ahora senador, Sergio Matos, los días 16, 21 y 26 de octubre y 18 de noviembre de 2016 que adoptara medidas para poder prestar servicio en condiciones de normalidad. Sin embargo, el 16 de febrero de 2017 se acuerda por decreto de la Alcaldía, y tras los escritos presentados por el jefe del cuerpo en ese momento, la incoación de un expediente disciplinario contra el denunciante.

La Sala sentencia que "se aprecia la existencia de una conducta de persecución u hostigamiento por parte del jefe de la Policía Local frente al recurrente, que se mantiene en el tiempo con la aquiescencia del ayuntamiento. Ayuntamiento que, aun siendo conocedor de todos y cada uno de los hechos (...), mantiene una clara situación de pasividad e inactividad". Se concluye que se intentó "menoscabar la integridad moral del demandante". Esta situación "resulta ser continuada en el tiempo prolongándose durante al menos tres años y que está encaminada a perturbar el equilibrio psicológico del recurrente".

En la resolución judicial se insiste en que los hechos declarados probados y que afectan a la actuación llevada a cabo, concretamente por el ya exjefe de la Policía Local, "resultan idóneos para producir la lesión del derecho al honor y a la propia imagen que se alega". No es que se haya reflejado solo en los diferentes informes psicológicos realizados, ni que el propio afectado lo haya declarado, sino que "incluso existen testigos que afirman que el propio jefe de la Policía Local ha dicho" que este policía "perderá el uniforme e, incluso, ha intentado que sus propios compañeros no tuvieran relación con él por ser "una mala influencia".

El acoso laboral se prolonga hasta que el agente decide abandonar el cuerpo en Santa Cruz de La Palma y empieza a prestar servicios en el Ayuntamiento de Arona en febrero de 2019.

Además de la indemnización, en el fallo se condena al ayuntamiento demandado a cesar en la situación de acoso laboral dirigida frente al demandante y se declara que la corporación capitalina "ha conculcado el derecho a la dignidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución española y el derecho a la integridad moral contemplado en el artículo 15 de la Constitución española afectan al recurrente".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook