La Laguna podrá recuperar para el uso público el espacio costero que ocupa desde hace 57 años el club privado del Charco de la Arena, en el camino litoral de Punta del Hidalgo, entre el faro y la ermita de San Juanito. La Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, acaba de comunicar que deniega la solicitud de la sociedad recreativa que gestiona este espacio de prorrogar la concesión para ocupar 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. La franja litoral más pegada a la orilla solo puede restringirse en España al uso privado con una concesión extraordinaria, como ocurría con esta zona de la costa de la Punta hasta que ha llegado la orden de la Dirección General. Costas, además, ordena la demolición de todas las construcciones y la reposición del terreno a su estado original si no se aprueba un proyecto alternativo con el aval de las administraciones públicas.
Costas asegura en el escrito en el que liquida el permiso al club privado Charco de la Arena que la sociedad ha cometido “numerosos incumplimientos” desde que recibió la concesión el 17 de julio de 1964, que “conllevarían la caducidad” del permiso. La pequeña estación depuradora para tratar las aguas negras que genera el club está en una ubicación que “incumple” la ley de costas, la autorización de los vertidos ha caducado “por el estado de abandono de la construcción”, el restaurante tampoco cumple con la ley de Costas y los muros de cerramiento “suponen un impedimento” para el uso de las piscinas naturales de forma pública y gratuita, lo que también supone “el incumplimiento de la ley 22/1988”.
Además, la instalación “interrumpe la servidumbre de tránsito” y “la Sociedad Recreativa Piscina el Charco de la Arena carece de personalidad jurídica y, por tanto, no puede ser titular de una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre” conforme a la normativa nacional. La resolución de Costas también observa un incumplimiento en la duración original de la concesión que se dio en el año 1964, de 99 años. Es decir, teóricamente habría acabado en 2063, lo cual es imposible con la ley de costas en vigor. “Cuando la Ley 22/1988 entró en vigor, estableció un plazo máximo que fijó en 30 años para el otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que la vigencia de la concesión objeto de esta tramitación finalizó el 29 de julio de 2018, en vez de los 99 años establecidos inicialmente en la orden ministerial de otorgamiento de la concesión”, aclara el escrito del departamento del Ministerio para la Transición Ecológica.
A estas irregularidades se suman los vertidos de agua sin tratar a la costa lagunera. El último vertido de aguas fecales en el Charco de la Arena se produjo a finales de diciembre de 2020, según informa la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige José Luis Hernández (Unid@s se Puede). El farmacéutico analista del Ayuntamiento de Aguere lo confirmó y se decidió presentar una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dependiente del Gobierno canario, y la Dirección Provincial de Costas. El Consistorio también informó al Seprona, el servicio especial de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.
El integrante del gobierno municipal lagunero recuerda otro hecho que apoya el fin del uso privado para el Charco de la Arena. “Es un espacio con una gran riqueza natural, utilizado por muchas especies de aves”. José Luis Hernández precisa que hay una alternativa para mantener parte de las construcciones pero siempre vinculada al uso público: un centro de interpretación de los ricos ecosistemas de esta parte de la costa lagunera. Es una propuesta que ya ha sido estudiada por el Gobierno de Canarias y que gusta tanto al Ejecutivo como al Ayuntamiento de La Laguna. “Habría que desarrollar la propuesta y que contara con el beneplácito de la Dirección General de la Costa y el Mar. Pero lo importante es recuperar este espacio para el uso público”, subrayó el edil lagunero, cuya coalición política apoyó durante la campaña electoral de 2019 la recuperación pública de este espacio.
Hernández cree que la sociedad que gestiona el club privado, con piscinas naturales, un restaurante y zonas para tomar sol, “no tiene opciones para recuperar la concesión”. El informe que deniega la prórroga es contundente y las propias instalaciones del Charco de la Arena están en mal estado. En cualquier caso, la sociedad tiene un mes para presentar un recurso ante Costas o dos meses para acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha sido muy crítica con la ocupación privada de este tramo del litoral lagunero. Solicitó de hecho la suspensión de la concesión administrativa. Ayer celebró la decisión de Costas de liquidar el permiso y recordó: “Esta resolución tiene su origen en el expediente tramitado por el Servicio Provincial de costas de Santa Cruz de Tenerife, a solicitud de la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena, de prórroga de la concesión otorgada en el año 1964, para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre, pero que ya con anterioridad había sido modificada por los promotores, vía hechos consumados, pasando de la ocupación inicial de 810 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre a ocupar, privatizar y transformar una superficie de 8.000 metros cuadrados, con construcciones e instalaciones”.
