Rubens Ascanio afronta su segunda semana al frente de la Concejalía de Bienestar Social de La Laguna con su "voluntad de cambio" intacta. El también primer teniente de alcalde defiende que "haya sinergias entre las diferentes administraciones canarias", por lo que celebra el Pacto de la Flores a nivel regional y recuerda que "nuestro Ayuntamiento tiene mucho que ver con esa voluntad de cambio".

¿Cómo ha vivido esta primera semana como primer teniente de alcalde?

Tenemos muchas tareas pendientes, así que estamos organizando todo lo que queremos hacer. Tenemos que ver cómo vamos a ejecutar la auditoría de la deuda municipal y de los servicios municipales, porque la fotografía que nos ha dejado Coalición Canaria es espeluznante. La gestión de los servicios públicos en general es de destacar, porque hay convenios que se tendrían que haber firmado y no se ha hecho, licitaciones que se tendrían que haber realizado y no se ha movido ni un solo papel; hay actividades programadas para ahora, justo después de la investidura, y no estaban ni siquiera previstas, y situaciones que son muy preocupantes en muchos ámbitos. Además, no tenemos el presupuesto municipal para 2019 aprobado, y eso supone un efecto directo sobre 60 entidades que tienen subvenciones nominativas y a las que hemos convocado para explicarles la problemática. Tenemos muchas cosas que solucionar.

¿Y cuál es la situación en la que se encuentra la Concejalía de Bienestar Social?

Es una concejalía importante dentro del Ayuntamiento, también en lo referente al presupuesto que mueve, puesto que estamos hablando de más de 14 millones de euros. Pero es un dinero insuficiente porque hacen falta más recursos económicos y también más recursos materiales y técnicos para poder desarrollar como nos gustaría toda la cartera de Bienestar Social de La Laguna, porque hasta ahora no se ha hecho de la manera correcta. Ahora, no está del todo claro a qué tipo de servicio tiene derecho cada vecino según sus características, así que nos gustaría clarificar estos aspectos por la seguridad del personal que atiende a la ciudadanía y por la seguridad de los propios vecinos. Queremos lograr una atención social que sea efectiva los 365 días, las 24 horas. Esa es una de las iniciativas que tenemos acordadas en el programa de gobierno de progreso de La Laguna. Además, queremos que el área atienda problemáticas de forma mucho más efectiva, como en el caso de la de vivienda, la alimentación y la atención a la dependencia y a colectivos como los mayores y los menores. La transversalidad en ese sentido va a ser necesaria, y ya estamos empezando a reforzar el sistema para hacer las políticas más efectivas posibles.

Bienestar Social fue una de las áreas que mayor crecimiento del presupuesto municipal experimentó en el último año y usted sostiene que es necesario que siga aumentando. ¿Tiene alguna cantidad en mente?

En el programa municipal hablamos de alcanzar la cifra del 20% del presupuesto municipal total. El presupuesto total de La Laguna está alrededor de los 170 millones de euros; es un presupuesto importante dentro de los municipios canarios, y nos gustaría ir avanzando hacia ese porcentaje del 20%. En estos cuatro años ha habido ayuntamientos que han superado esa cifra, pero el Ayuntamiento de La Laguna no llegaba ni al 10%, que es el mínimo que se establece para garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía. Otra de las cuestiones que hay que abordar tiene que ver con el personal. La ratio por habitante no llega al mínimo establecido, y esa será una de nuestras prioridades, porque los trabajadores sociales son fundamentales, igual que los educadores o los psicólogos. Nos gustaría que todo ese personal en el municipio fuera reforzado a través de los servicios sociales y no a través de empresas.

¿Son suficientes las escuelas infantiles que existen actualmente en el municipio?

Existe un informe en el que se evalúa si son suficientes o no, y es una de las cosas que hemos pedido en estos primeros días para poder analizar la situación. Pero ahora nuestra prioridad es asegurar que los servicios se mantienen, porque en la mayoría de las escuelas el contrato está prorrogado y no se había hecho lo necesario para garantizar que en septiembre se puedan abrir con total normalidad. Así que esa se ha convertido en una de nuestras prioridades, porque a día de hoy solo podemos garantizar la apertura de la escuela de San Matías y la de Padre Anchieta en septiembre. En el resto de casos, el anterior gobierno no dejó la tarea hecha. Trataremos de arreglarlo y, si no, plantearemos alternativas. En cuanto al número de escuelas, existe un acuerdo plenario vinculado con la comarca nordeste. Allí no hay ninguna escuela infantil municipal, y eso queremos garantizarlo, porque existe una demanda histórica y queremos ofrecer al menos una escuela infantil municipal por distrito. Esa es una de las asignaturas pendientes del municipio.

En el caso de la escuela de San Matías, que es la última que ha entrado en funcionamiento, ha habido muchos problemas, ¿o es que la anterior Corporación se adelantó anunciando su apertura?

Creo que hubo adelantos que tenían que ver con la propaganda electoral, noticias que fueron hechas pensando en los resultados electorales más que en la gestión. Los responsables de esos actos y de esas informaciones tendrán que responder en su momento ante la ciudadanía pero a día de hoy podemos decir que el servicio de esa escuela se va a garantizar y, además, se tratará de mejorar.

Las subvenciones nominativas han sido uno de los grandes caballos de batalla de Unidas se Puede durante los últimos cuatro años, puesto que ustedes sostienen que se abusa de ellas y precisamente Bienestar Social es una de las áreas que más ayudas de este tipo concede. ¿Estamos ante el fin de este tipo de subvenciones?

El pasado mandato logramos que se pusiera en marcha el primer Plan Estratégico de Subvenciones, y gracias a él se ha terminado con situaciones aleatorias, porque con anterioridad había toda una problemática vinculada no solo a lo económico, sino también en el trato de favor entre unas entidades y otras. Hicimos una crítica muy potente a la primera versión de ese plan, que incluía un 70% de subvenciones nominativas, muchas de ellas además vinculadas a Bienestar Social; en la segunda versión se redujo de forma significativa esa cantidad, y hay que seguir avanzando en esa línea. Sin embargo, existen subvenciones que estaban preacordadas para el año 2019 a entidades vinculadas a acciones sociales muy concretas, y donde no existe posibilidad de concurso porque hacen trabajos muy especializados, y debemos afrontarlas porque no podemos poner en riesgo el trabajo de esas entidades debido a la mala gestión del anterior Gobierno de CC. Ahora trataremos de buscar una alternativa lo más rápido posible, y por eso ya hemos convocado a esas 60 ONG que recibirán subvenciones nominativas para tratar de clarificar cuál es la situación y cuáles son los compromisos verbales que hay. Nuestra voluntad es avanzar en este ámbito hacia procesos más participativos.

El servicio de alojamiento alternativo es uno de los más importantes del área, pero precisamente por lo grande que es se desdibuja en ocasiones cuáles son sus prestaciones.

Efectivamente, tenemos que redefinir muchas cuestiones y mejorar y ampliar los servicios para situaciones de emergencia que se dan en el municipio. No solo debemos abordar los problemas generados por la violencia machista, por ejemplo, sino también lo relacionado con los desahucios, porque en la actualidad las pensiones, que son una de las soluciones inmediatas, se encuentran absolutamente desbordadas. El problema de la vivienda es uno de los grandes problemas que vamos a tener que abordar para tratar de coordinar acciones con el resto de ayuntamientos y que haya soluciones reales.

¿Qué gestión tiene preparada para las ayudas al pago de facturas de luz y agua en el municipio?

Es una de nuestras prioridades: perfilar todo lo que tiene que ver con las ayudas específicas al agua. Nuestra área está invirtiendo unos 70.000 euros en el pago de ayudas al agua actualmente, pero ese dinero va a Teidagua, no a las familias, por lo que tenemos que sentarnos con la empresa mixta, porque se trata de una cantidad que está dejando de repercutir en Bienestar Social y se lo estamos dando a una empresa. El acceso al agua debe ser un derecho universal, por lo que tenemos que redefinir la forma de gestionar estos recursos para que no repercutan de manera negativa en nuestro presupuesto.