A LA VISTA de que este es un país en el que las niñas pueden abortar a los 16 años sin consentimiento de los padres, por la gracia de los irresponsables socialistas, y a la vista de que muchos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos por las terribles leyes que coartan la actuación de los progenitores, yo propongo que, como primera medida, se eleve la mayoría de edad a los 21 años.

Este país llamado España es una máquina de destruir familias. Los jóvenes ninis, los que ni estudian ni trabajan, les han comido la moral a sus padres y hay legión que los maltratan. Las leyes de protección del menor, que pasaron de la lógica al disparate, se han convertido en una trampa saducea para quienes deben sostener a pulso las familias. Sencillamente, es preciso cambiar la legislación.

Esa progresía cutre que todo lo remueve para empeorarlo, encarnada por aquel presidente inútil que nos ha metido en mil charcos, el tal Rodríguez Zapatero, ha colocado a los padres en un callejón sin salida. La imagen patética de una madre que fue condenada a cárcel por dar un cogotazo a su hijo menor pende sobre las conciencias de quienes han originado este follón.

El juez de Menores de Granada, el juez Calatayud, un especialista en lo que está ocurriendo con las familias, ha alertado del caos que existe en España con los menores. ¿Cómo una niña de 16 años puede consentir relaciones sexuales con un adulto? ¿Y cómo puede decidir abortar libremente, sin consejo de sus padres? ¿Pero qué le está pasando a esta sociedad que cada vez que uno saca estos temas y no está de acuerdo con ellos recibe la etiqueta de retrógrado y de carca, cuando no de fascista?

Uno de los mayores logros de nuestra sociedad fue rebajar a 18 años la mayoría de edad, que permanecía inamovible en 21. Si la juventud española no se encuentra preparada para afrontar esta responsabilidad, si continúan proliferando los ninis, el absentismo escolar, el fracaso universitario y los malos tratos a los padres; si las leyes que les quitan su autoridad no sirven para nada, a lo mejor sería bueno devolver a las familias los medios para que se defiendan de las agresiones. Y para que no sean los mayores los que paguen los platos rotos de una normativa que solo defiende al menor, negándoles derechos a quienes lo educan.

Las mismas leyes absurdas han quitado autoridad a los docentes, sometidos a la tiranía de los alumnos. Fíjense hasta qué punto que la Comunidad de Madrid ha tenido que conceder a los profesores la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de la docencia para que sean respetados por alumnos y por padres irresponsables.

Yo creo que estamos llegando a un límite peligroso. Si queremos un país mejor no podremos construirlo con esta absurda permisividad.