Las denuncias que han presentado los trabajadores contra los propietarios de la empresa han enturbiado, sin duda, las relaciones entre las partes, haciendo difícil que exista un clima de diálogo y entendimiento. De hecho, los empleados consideran que el retraso en el pago de las nóminas obedece a una postura "revanchista" y a una posición de fuerza por parte de la dirección, molesta por los contenciosos. De un lado, los trabajadores sostienen que la compraventa de Auto Grúas Poli, que se llevó a cabo mediante escritura pública el 13 de abril del 2011, resulta ilegal y que ha sido aceptada por parte del Consistorio. Los trabajadores de las grúas municipales plantean en la denuncia que su antiguo jefe, José Padilla, "a causa de diversas coacciones a las que se vio sometido", procedió a vender la entidad mercantil Auto Grúas Poli a siete personas que, hasta ese momento, eran empleados suyos. En la citada denuncia se afirma que dicha compraventa se llevó a cabo sin la autorización del Pleno del Ayuntamiento, por lo que la transacción se ha realizado "de forma ilegal e irregular, y con pleno conocimiento de dicha irregularidad de los propios compradores". Además, también han denunciado el "supuesto desguace de vehículos" por parte de algunos de los actuales propietarios, una circunstancia que se encuentra en proceso de investigación, con diligencias previas que ha practicado la Guardia Civil.
