La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, considera que el grave problema que tiene su municipio con las antiguas canteras de extracción de áridos no se resuelve con la calificación del suelo donde se asientan como "rústico" ni con dedicar tales espacios a la agricultura. Castro opina que, en primer lugar, no resultará fácil rellenar los grandes "huecos" dejados por las empresas areneras y, en segundo lugar, piensa que dedicar tales enclaves a la producción agraria tampoco parece sencillo, en la medida en que el subsector agrario actual en el municipio tampoco demanda esas inmensas superficies de suelo.
De esta manera, la regidora responde a las críticas realizadas ayer por la Asociación para la Defensa de los Barrancos Saturnino García, que critica el proyecto divulgado por el Ayuntamiento para crear en la antigua "cantera de Agache" un parque temático y un hotel.
Recuerda que en Güímar hay una importante cantidad de suelo agrícola abandonado y se deben buscar otras alternativas de desarrollo económico que generen trabajo. La presidenta de la corporación municipal insiste en que, al tener la expansión del polígono industrial bloqueada por el sector de Güímar y con 3.000 desempleados en el municipio, "no podemos quedarnos de brazos cruzados", sino que "hay que buscar inversiones". La memoria del proyecto y el informe jurídico sobre el parque temático y el hotel se presentaron al Comité de Inversiones del Gobierno el pasado viernes.
Una "majadería" sin viabilidad jurídica
La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar Saturnino García se opone a la construcción de un parque temático y un hotel en una de las canteras clausuradas y piensa que "parece más bien una majadería sin viabilidad jurídica ni económica". Al colectivo le sorprende el "tono de chantaje" de su promotor, que exige a las administraciones que cambien la calificación del suelo antes de seis meses. Pero la asociación opina que lo más grave es que Gobierno canario, el Cabildo y el ayuntamiento incumplen un acuerdo para la declaración de suelo rústico de todas las propiedades afectadas por las extracciones de áridos. Recuerda que la Consejería de Industria no ha culminado el expediente de caducidad para dos de las seis canteras, mientras que la corporación insular no ejerce su papel de resolver el problema y de cambiar en el Plan de Ordenación del Territorio "el suelo minero" por suelo rústico de protección agrícola o de protección de cauces. Y la formación dice que "lo que más nos duele" es que el ayuntamiento se desmarca con soluciones que no tienen nada que ver con la única vía para resolver la situación. El colectivo recuerda que la explotación de áridos comenzó hace 40 años.