La esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al crimen. Frase lapidaria de no sé quién, pero me la espetaron el viernes en un debate a los que suelo acudir. Bien es cierto que muchos de los que se dedican a la actividad pública, en lo que a la política se refiere, se creen impunes. Por encima del bien y del mal. evitan entre los mortales y piensan que nunca pasa nada; eso creen.Y cuando los cazan nos intentan hacer ver que el mundo está equivocado y que los mesías son ellos.
Eso es lo que pasa por la cabeza de los tertulianos que me acompañaban el pasado viernes. Así iniciaban una nueva sesión del discurrir de los acontecimientos y del futuro inmediato en lo que a política se refiere. Ya no son los coches oficiales, las sedes, los asesores, las secretarias, los alquileres de despachos o incluso el gasto de "escalera", sino el descaro con el que campan por el territorio que hacen y deshacen a su antojo.
a corrupción es una de los principales problemas que preocupan a la población y es -desde mi punto de vista- tremendamente grave que existan 200 imputaciones sobre cargos políticos en este país. Por eso hoy, en nuestro enguaje Jurídico, decimos que la imputación nace en un proceso penal en forma de resolución judicial y fruto de una investigación delictiva contra determinado sujetos. Normalmente se imputa cuando existen indicios racionales de criminalidad. a mayoría de los casos de imputación de cargos públicos suelen ser por delitos de corrupción.De todas formas el tiempo es el que dicta la sentencia en cualquier tipo de delitos, y más en todos aquellos que tienen que ver con la "res pública" o cosa pública. o cierto es que por esos 200 imputados muchos buenos servidores públicos están bajo la sombra de la sospecha ciudadana.
a última que campa por nuestro territorio es la del suplicatorio al Senado para la investigación de uno de los miembros de eso que le llaman la Cámara Alta. No es difícil que no se entienda y que le cueste comprender estos hechos a la ciudadanía cómo es que campan impunes y a veces con cierto aire de mofa al sistema.
El suplicatorio es quizás una institución un tanto desfasada, que más constituye un privilegio que una garantía strictu sensu. "Pedir permiso" a la Cámara correspondiente para dirigir la acción penal contra uno de sus miembros por la presunta comisión de un hecho delictivo constituye, a todas luces, un trámite incongruente con un Estado de Derecho y con el principio de separación de poderes.
Sensu contrario, encontramos que cuando un funcionario público es imputado suele ocurrir que casi de forma automática es suspendido en el ejercicio de sus funciones y de su cargo. Una medida cautelar que se prolongará hasta que se dicte una sentencia. No ocurre lo mismo con los cargos públicos. Estos pueden o no dimitir o ser cesados, pero si no lo hacen seguirán ejerciendo responsabilidades públicas, intentando convencernos de lo evidente, y suelen usar la presunción de inocencia como argumento para seguir manteniendo el privilegio y la capa de la impunidad que le otorga el hecho de ser elegidos por los ciudadanos.
Por eso las preguntas habituales a este que os escribe pasan por preguntarles: ¿la Justicia es igual para todos? Yo eso no lo sé, lo que sí sé es que la Constitución recoge de forma magistral que todos somos iguales ante la ley, cosa distinta es que la ley se aplique a todos por igual.
Por eso, para finalizar este relato os contaré una anécdota de lo que le ocurrió a un agente de tráfico con ocasión de los controles navideños. Un día de estas fiestas detuvo el vehículo que conducía un "impune cargo público". En ese momento le invitó a colaborar en la prueba de alcoholemia y el sujeto le suelta: "¿Cómo? ¿Ud. no sabe quién soy yo?". Y el agente le contestó: "Claro, ud. es un ciudadano igual que el resto que están pasando hoy por aquí, claro que lo sé". Y el sujeto le volvió a reprender: "Oiga, ud. no sabe con quién esta hablando". Y el agente le responde: "Claro que sí, por eso verá que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿verdad?".
*Abogado director del Bufete Inurria