Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife anuló recientemente el traslado y la degradación de una funcionaria del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para colocar en su puesto, dotado de mayor categoría y salario, a la pareja del edil de Urbanismo del gobierno en minoría del PSC, Jaime Coello. En la sentencia se destaca que no existen informes que motiven la resolución recurrida y que han quedado acreditados "indicios de nepotismo" en perjuicio de la denunciante por parte del anterior gobierno del PSC, liderado por Lola Padrón. La Real Academia Española define nepotismo como "la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos".

En los fundamentos jurídicos de la sentencia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, se indica que la jefa de servicio de Personal "fue cesada y trasladada a un puesto con menor retribución, y su puesto fue ocupado por otra funcionaria que ocupaba un puesto en el área de Urbanismo por causa de la relación personal que tenía con el concejal de Urbanismo -Jaime Coello, ahora edil de Vecinos por el Puerto (VxP)-. Actualmente han contraído matrimonio".

El juzgado subraya en su sentencia que "el cambio organizativo recurrido se realizó contra la voluntad de la recurrente y, además, se le bajaron las retribuciones vulnerándose su derecho al puesto de trabajo y función, derecho que fundamenta y justifica todo el régimen funcionarial como garantía de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública".

La funcionaria que interpuso la demanda fue reincorporada a su puesto de trabajo por el gobierno de CC y PP, aunque posteriormente pidió excedencia y traslado voluntario a otra administración pública. Fuentes del gobierno local (CC-PP) temen que esta sentencia derive también en una reclamación económica para el ayuntamiento, "ya que la trabajadora dejó de percibir por su traslado entre 800 y 1.000 euros mensuales que le correspondían".

La defensa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ante este recurso fue encargada por el gobierno socialista de Lola Padrón al despacho de Abogados Asociados Viera y Clavijo 62, del que forma parte el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y destacado miembro del PSC Julio Pérez Hernández.