El Pleno del Senado aprobó ayer, con los votos del PP, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, en un largo debate de más de cinco horas en el que toda la oposición mostró su rechazo porque "recorta" derechos, "amordaza" la protesta y recuerda "tiempos pasados".
Con 134 votos a favor, 84 en contra y ninguna abstención, la Cámara alta sacó adelante el proyecto estrella del Ministerio del Interior en esta legislatura, si bien tendrá que regresar al Congreso para su aprobación definitiva tras haber sido enmendado en el Senado.
Los portavoces de los grupos de la oposición realizaron fuertes críticas al proyecto de ley al defender los vetos presentados por Amaiur, ERC, Izquierda Unida, Entesa (2), PNV, CiU y PSOE, y que rebatió el senador del PP Luis Aznar, quien reiteró que se trata de un texto "garantista".
"El PP y el Gobierno sabemos de qué lado estamos. Al lado de las víctimas, de los ciudadanos que respetan la ley y la convivencia y de los que pacíficamente se quieran reunir y manifestar", zanjó Aznar.
Durante el trámite del Senado, el texto, que fue notablemente suavizado con respecto al primer anteproyecto que presentó Interior en 2013, los diferentes grupos han presentado 225 enmiendas, aunque sólo unas pocas se han aprobado.
Entre ellas, una enmienda del PP a uno de los aspectos más polémicos del texto: la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las entregas en frontera de inmigrantes, las denominadas "devoluciones en caliente".
Ya enmendada en el Congreso, la Cámara alta ha introducido en la disposición nuevos párrafos para señalar que el rechazo en frontera se realizará "respetando" la normativa de derechos humanos y para indicar que las solicitudes de asilo se formalizarán en la oficinas habilitadas para ello.
Otra de las enmiendas aprobadas en el trámite del Senado rebaja los plazos de prescripción de las infracciones y los establece en seis meses, un año y dos años según sean, respectivamente, leves, graves o muy graves.
También se aprobó otra modificación para sancionar a las prostitutas si no observan el requerimiento de los agentes para que se abstengan de ofrecer sus servicios en zonas próximas a lugares destinados al uso por menores.
En el debate, el senador socialista Enrique Cascallana, que echó de menos, como otros portavoces, la presencia en la Cámara del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró que la ley es "innecesaria", recorta las libertades, ignora la situación de corrupción y retorna al modelo pasado de orden público.
"Vuelven ustedes a querer controlar las calles", subrayó Cascallana, quien censuró la "discrecionalidad" que la ley concede las fuerzas de seguridad "sin mecanismo de control alguno" y auguró problemas de constitucionalidad cuando entre en vigor.
Desde CiU, Jordi Miquel Sendra aseguró que si una ley concita tanto consenso en su contra es porque el Gobierno "alguna cosa está haciendo mal".