El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero "Prestige" en noviembre de 2002 ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso y ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban.

El magistrado Juan Luis Pía ha leído la sentencia en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en La Coruña, un veredicto que marca el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

La sentencia establece que no existe responsabilidad penal por lo que ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados de haber causado esa tragedia, uno de ellos el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí ha condenado al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave, dice la sentencia.

El propio Mangouras reconoció durante la vista oral que lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su armador ("como habría hecho cualquier marino") antes de tomar cualquier decisión, aunque recalcó que una vez que se comprobó que el petrolero no podría ser rescatado su colaboración fue total.

Asimismo, ha sido absuelto el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors, acusado del rumbo "errático" que siguió el petrolero durante seis días antes de hundirse en el mar, al considerar que no provocó el desastre sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos, y añadir que casi todos los expertos coinciden en que la decisión inicial de alejamiento del buque fue correcta.

"Nadie puede señalar lo que se debería haber hecho" para evitar la catástrofe y "no hay acuerdo aún hoy (por ayer) sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación", apostilló el presidente del tribunal de la Audiencia de A Coruña, quien recalcó que los informes técnicos son "contradictorios".

Tras indicar que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar", Pía señaló que la administración española "no provocó sino que gestionó con profesionalidad y adecuación" el siniestro.

Según el fallo, se realizaron inspecciones y reparaciones, y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, pero pese a eso el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque.

Dichas deficiencias, continúa, no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y prudencia.

Así, y dado que "no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas", los tripulantes del "Prestige" no actuaron dolosamente y su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave, dice.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (La Coruña), el buque, cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

La oposición y ecologistas, indignados

El Ejecutivo, la Xunta y el PP mostró su respeto por la sentencia del "Prestige" frente a la indignación que ha generado en las redes sociales, ecologistas y la oposición que denunciaron la falta de responsabilidades políticas.

Tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, como el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresaron su "respeto" por el fallo que revela que la gestión del accidente fue "correcta y adecuada".

Por el contrario, el fallo fue recibido con indignación por parte de la plataforma Nunca Máis, que calificó de "injusta" y "lamentable" la sentencia.

En la misma línea se pronunciaron las principales organizaciones ecologistas que expresaron su "vergüenza" y decepción ante la sentencia del caso "Prestige", que demuestra, una vez más, que "en España destruir el medio ambiente sale gratis".

Los portavoces de Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denunciaron que los verdaderos responsables no han sido juzgados.

Por su parte, los partidos de la oposición en el Congreso lamentaron que más de una década después nadie haya asumido responsabilidades políticas.